Unidos en la crítica. El proyecto de ley que pretende regular el cobro de tasas judiciales –en tramitación parlamentaria– ha puesto de acuerdo a asociaciones de jueces, fiscales y abogados: el plan del ministro Gallardón es "abusivo" y recaerá sobre las clase media trabajadora. El proyecto contempla por primera vez que el ciudadano asuma las tasas. Antes solo las pagaban personas jurídicas (determinadas empresas), y esas tarifas ahora sufrirán un incremento que va de los 50 a los 750 euros por trámites judiciales en determinados procesos, salvo en la jurisdicción penal: desde interposición de demandas a recursos en segunda instancia.

Las clases menos pudientes –por norma general, con ingresos anuales computados por unidad familiar por debajo de los 14.910 euros anuales– están excluidas de la reforma que contempla el proyecto, ya que disfrutan de la asistencia jurídica gratuita. Precisamente es este servicio el que Gallardón pretende reforzar con lo recaudado por las tasas (el Ministerio estima que cerca de 300 millones anuales).

Pero los planes de Justicia no acaban de convencer a jueces, fiscales y abogados. "Afán recaudatorio" o la imposición de una "justicia para adinerados" son algunas de las críticas que dedica al proyecto María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que denuncia además el riesgo que supone "privatizar" los servicios públicos.

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos recuerda que las tasas suponen una regresión a una ley preconstitucional de 1959 y ponen un ejemplo: si un trabajador quiere recurrir una sentencia por despido siendo la discrepancia de 2.000 euros, la tasa será de 500, que perderá gane o no. Y si pretende recurrir en casación, otros 750 euros. Por tanto –sostienen– con los gastos del repago judicial, con una sentencia favorable el trabajador recuperaría 750 euros de los 2.000. Gastos de abogados y procuradores al margen, y también las tasas propias de comunidades, como en el caso de Cataluña.

Desde Jueces para la Democracia apuntan que las nuevas tarifas crearán "en cierto modo dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no". Además, recuerda su portavoz, Joaquim Bosch, para las grandes empresas y las fortunas "no van a suponer ningún problema, pero al ciudadano lo dejan en una situación de desigualdad". "Frenará a mucha gente que no ejercerá acciones a pesar de que puedan tener razón", añade.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha mostrado su «enérgico rechazo» al proyecto: "No es admisible incorporar en nuestro Estado de derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa".  Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) denuncia  su "absoluta oposición a la medida", porque, entre otras cosas, "impedirá o limitará enormemente" el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 31 de mayo un duro informe sobre el anteproyecto de ley para regular las tasas.  "El incremento es en términos generales excesivo", puede leerse en el documento, cuya ponencia fue asignada a la vocal del CGPJ Margarita Robles.  El informe constata incrementos "relativamente moderados" (aproximadamente un 33%), aunque en otros supuestos "mucho mayor" y se refiere a porcentajes que van del 67 al 167% en función de determinados procedimientos.