La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 800 viviendas que han estado 'okupadas' en los últimos meses pertenecientes al parque mobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a varias ONG que las repararán y las podrán alquilar a familias que han sido desahuciadas.

La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad ha explicado que se trata de cerca de 800 casas que recupera el Ivima de "okupaciones ilegales" y que necesitan ser renovadas, puesto que los anteriores inquilinos las han dejado en muy mal estado.

Las viviendas están repartidas por 34 municipios de la ComunidadEn las "próximas semanas", el presidente del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, firmará un convenio con distintas irganizaciones para ceder estos inmuebles y que se pongan a disposición de las familias que se han quedado sin casa y que no reúnen todos los requisitos para optar por una vivienda del Ivima por el procedimiento ordinario.

Cáritas,  la entidad de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, es la organización con la que las conversaciones están más avanzadas, según la Consejería. El programa será "temporal" y las familias pagarán unos 200 euros al mes.

La situación de los beneficiarios se someterá una revisión cada año. Las 800 viviendas están repartidas por 34 municipios de la región, siendo Madrid capital la localidad con mayor número de casas disponibles, pues cuenta con unas 350.

El Ayuntamiento ya lo hace

Una iniciativa similar se puede encontrar en el Ayuntamiento de Madrid. Precisamente, el principal anuncio que hizo la alcaldesa, Ana Botella, en el Pleno del Estado de la Ciudad de junio fue su propósito de destinar 200 viviendas municipales a familias desahuciadas.

Los primeros pisos empezaron a ocuparse con la llegada del otoño. Son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y están siendo gestionados por entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social. Las familias tienen que pagar a cambio un "precio social", como lo definió la primera edil, que asciende a tres euros por metro cuadrado hasta un máximo de 200 euros.