El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos. El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.

Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.

Unos cambios que, en su opinión no deslegitiman el proyecto del Ejecutivo, sino que lo mejoran y consolidan el sistema de tasas aprobado en la ley que entró en vigor el pasado mes de noviembre y que estableció una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.

Becerril le hizo entrega por la mañana de un escrito en el que le recomendaba una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales, aunque Gallardón puntualizó por la tarde que sus sugerencias no modificaban "sustancialmente" el texto del Ejecutivo.

La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, sugirió al ministro —aparte de las medidas que ha anunciado por la tarde Gallardón que se implementarán— facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos, suprimir las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social y devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, manifestando su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Una vez trasladadas estas recomendaciones, la Defensora se declaraba confiada en la positiva recepción de las mismas por el Ministerio de Justicia.