Los dos peritos designados por el Banco de España para determinar, de forma independiente, si las cuentas y distintas operaciones llevadas a cabo por BFA-Bankia se ajustaron a la legalidad, están convocados para jurar este lunes su cargo en la Audiencia Nacional. El juez que lleva la querella contra la entidad y su antigua cúpula, Fernando Andreu, les ha citado para que acepten su cometido a instancia del gobernador del supervisor bancario, Luis María Linde, que les designó en noviembre de entre los inspectores que no han trabajado nunca con esta entidad o con ninguna de las cajas que la formaron.

Tanto Fiscalía como las distintas partes presentes en la acusación han dejado claro que los informes periciales serán claves para determinar si efectivamente la salida a Bolsa de Bankia fue legal o no. Los dos técnicos del Banco de España (Víctor J. Sánchez Nogueras y Antonio González Ruíz) deberán determinar también, entre otras cosas, si hubo irregularidades en la fusión de las siete cajas que dieron lugar a BFA o si la antigua directiva ocultó las pérdidas a sabiendas.

"Desde la formulación de cuentas hasta la reformulación pasan casi dos meses, en los cuales los inversores confiaban en que las cuentas eran unas cuando en realidad eran otras", explican a este diario fuentes del caso. Y es que pese a la negativa del auditor Deloitte por firmar las cuentas anuales correspondientes a 2011 (lo que conllevó la dimisión de Rato y la posterior reformulación ya con Goirigolzarri) la acusación no entiende como es posible que se aprobaran tanto los resultados del segundo semestre de 2011 —con beneficios— como los del tercer trimestre, "que arrojan un beneficio de 295 millones. Luego el que compró acciones entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2012 lo hizo sobre información errónea", explican fuentes de la acusación.

Y es que entre la formulación y la reformulación de cuentas parece estar gran parte de la atención jurídica del caso. Dicho cambio de cuentas está justificado por la propia entidad nacionalizada en base a tres factores, según consta en este documento del 20 de diciembre remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): debido al real decreto aprobado por Luis de Guindos el 11 de mayo sobre saneamiento de la banca, por el informe del FMI del 25 de abril sobre la situación del sistema financiero y por una inconcreta "información actualizada de la situación del mercado inmobiliario".

Pese a que la reformulación de cuentas afloró unas pérdidas de 2.979 millones para Bankia y supuso la nacionalización de la entidad (lo que ocasionó un rescate con dinero público de más de 23.000 millones y pérdidas millonarias en cientos de miles de accionistas y preferentistas) las autoridades en ningún caso han cuestionado dicha operación contable. Y no faltan los expertos que sí la cuestionan.

Si las tres justificaciones esgrimidas por BFA-Bankia para aflorar pérdidas retroactivamente fueran ciertas, "¿Por qué ninguna otra entidad lo ha hecho?", se preguntan fuentes jurídicas, que apuntan a una operación política "fraudulenta" para ocultar las cuentas reales de la entidad y así "capitalizarse a costa de accionistas y preferentistas. La gente compró acciones y aceptó canjes de preferentes de una entidad que entonces tenía 300 millones de beneficios, no 3.000 millones de pérdidas", explican.

En esa misma línea se mantiene la acusación del 15-M, que representa los intereses de un grupo de inversores a los que se canjearon miles de euros en participaciones preferentes por acciones que ahora no valen prácticamente nada. En opinión de su abogado, Juan Moreno Yagüe, todo el proceso de salida a Bolsa "era falso ya que se basaba en folletos y documentos con información falsa". Su estrategia cuestionará además la existencia misma de un mercado sobre preferentes, algo que garantizaban los folletos oficiales pero que aún está por demostrar, según esta parte.

Será labor de los peritos confirmar si las cuentas reflejaban la verdadera situación de la entidad o si fueron víctimas de "artificios contables", tal como pregunta la Fiscalía. Sus dictámenes son claves no solo para las acusaciones. Fuentes expertas en auditoría a las que ha tenido acceso este diario sostienen que la actual normativa contable no permite reflejar pérdidas de forma retroactiva. Es decir, que los decretos sobre saneamiento de la banca deberían haberse aplicado a partir del ejercicio 2012, y nunca se debería haber reformulado el resultado de 2011 bajo este argumento.

Tal como reflejan las normas contables internacionales (NIC) vigentes, entre los supuestos legales fijados para reformular las cuentas en base a "hechos posteriores a la fecha de balance", no se encuentran ninguna de las justificaciones esgrimidas por la nueva dirección. Los peritos deberán, pues, determinar si la normativa se cumplió o no.