La Ley Hipotecaria española tendrá que ser otra desde este jueves.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

"La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión", indicó el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.

La institución comunitaria considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. La legislación europea se opone a que una normativa nacional, como la española, impida al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, "cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".

En concreto, el tribunal europeo apunta a "todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución".

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

En concreto, el caso sobre el que ha fallado el tribunal tiene su origen en un desahucio ocurrido en 2011. Mohamed Aziz era desahuciado de su piso de protección oficial de Mataró por Catalunya Caixa. El asunto pasó por el juzgado del magistrado de lo Mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo.

El letrado hizo algo más que aplicar la ley vigente y envió al Tribunal de Luxemburgo una petición de decisión prejudicial. El juez planteaba al TUE que evaluase si con el actual sistema español, la actual Ley Hipotecaria, se limitan las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias. Fernández Seijo preguntó si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de intereses de demora del 18%.

El Tribunal de Justicia de la UE señaló que, dado que en el caso español el juez no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria, si decide declarar nula una cláusula de un contrato por considerarla abusiva, esta decisión sólo dará protección al consumidor a posteriori, bajo la forma de una indemnización. "Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas", afirma la sentencia, que agrega que "así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia".

El tribunal lamenta que el mecanismo de protección de los consumidores previsto por la normativa española —el pago de una indemnización por daños y perjuicios— "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda". Además, la sentencia indica que corresponde al juzgado mercantil de Barcelona que lleva el caso analizar si las cláusulas incluidas en el contrato en cuestión son abusivas y si responden a los objetivos deseados a la vez que garantiza los derechos del consumidor.

En noviembre del pasado año, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, dictaminó que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea. Y la viola, explicó, por permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.

Tras la sentencia de este jueves, que confirman lo que avanzó Kokott, los jueces españoles tendrán ya en su mano un instrumento que les permitiría paralizar los desahucios en marcha, entrando a valorar si los contratos contienen cláusulas abusivas.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ya ha anunciado que tendrá que haber modificaciones en la ley hipotecaria española debido a su incompatibilidad con el derecho europeo.

A la espera de la sentencia, el PP en el Congreso decidió hace unos días retrasar los siguientes pasos en la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios –que se aglutinará con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago–.