El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará el diseño implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes tras admitir a trámite una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.

Según especifica en un auto hecho público este lunes, el magistrado investigará por delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

No obstante, ha rechazado imputar como solicitaba la formación al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura.

Andreu explica que los delitos mencionados son competencia de la Audiencia Nacional. Recuerda que nos encontramos en la fase inicial de la investigación y que "de verificarse en fase de instrucción indicios racionales sobre la comisión de los hechos que son objeto de denuncia, no puede descartarse su relevancia penal y aún menos sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial".

El magistrado indica que comparte con el Ministerio Fiscal "la delgada línea que puede separar en este tipo de hechos el ilícito penal del civil" pero precisa que "no es en absoluto descartable la existencia del primero".

Asegura que la tutela judicial ampara a quien acude a los tribunales a fin de que se investigue si en el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito. Así, entiende que debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal cuando se puede obtener respuesta más eficaz ante la vía civil y contenciosa.

No obstante, precisa que este criterio basado únicamente en la eficacia y rapidez "lo es solo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria y no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal".

Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño.

"Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.

Un total de 109.785 clientes minoristas de Bankia, que compraron participaciones preferentes o deuda subordinada de las cajas integradas en la entidad, han solicitado el arbitraje para recuperar su dinero por este medio, más ágil y menos costoso que la vía judicial.

Según ha informado este lunes Bankia, desde el pasado 18 de abril, cuando se puso en marcha esta posibilidad, y hasta este lunes, se han recibido 109.785 peticiones de arbitraje, de las que 65.841 están siendo analizadas por KPMG, la consultora encargada de determinar si el afectado puede participar en el proceso arbitral.

De las que ha examinado KPMG, 174 están pendientes de laudo, es decir, que ya está firmado el convenio arbitral y ahora es el Instituto Nacional de Consumo quien tiene que dar su veredicto.

La gran mayoría de las solicitudes recibidas —43.749— se han tramitado a través de las propias oficinas de Bankia.

Para optar al arbitraje, los clientes deben cumplir los requisitos fijados por la Comisión de Seguimiento, compuesta, entre otros, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

En el caso de que a un cliente se le comunique que no cumple los requisitos mantendrá abierta la vía judicial para canalizar su reclamación, mientras que si accede al arbitraje, cada expediente se remitirá a la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

Será entonces cuando sus árbitros decidirán, de manera individual para cada cliente, si se le da la razón y el importe que recupera, teniendo en cuenta que la decisión es vinculante y no recurrible.

Unos 300.000 clientes de productos híbridos de Bankia, formada por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las cajas de Rioja, Ávila y Segovia, pueden solicitar el arbitraje desde el pasado 18 de abril y hasta el próximo 30 de junio, con independencia de que los hayan canjeado o los vayan a canjear por acciones, bonos o depósitos.

El proceso de arbitraje no paraliza el canje de preferentes por acciones aprobado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que, en el caso de Bankia, implica una quita media del 38 % para los tenedores de preferentes, del 36 % para aquellos que tengan deuda subordinada perpetua, y del 13 % para los de deuda subordinada con vencimiento.