La Justicia francesa imputó este miércoles por estafa al presidente del gigante de las telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, por una indemnización al empresario Bernard Tapie decidida por Christine Lagarde en 2007 cuando esta era ministra del Gobierno francés.

La decisión judicial se conoce casi tres semanas después de que declarara en París la ahora directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evitó la imputación en relación con ese caso.

Lagarde, tras dos días de declaraciones, fue catalogada como "testigo asistido", una figura legal que le eximió de la imputación por los delitos de malversación y complicidad en falsificación.

La máxima responsable del organismo multilateral tuvo que explicar entonces ante tres magistrados por qué en 2007 decidió que un tribunal arbitral privado resolviera el contencioso que desde hacía una docena de años enfrentaba al Estado francés con el empresario Tapie, expropietario de la firma deportiva Adidas.

Pocos días después de la declaración de Lagarde en París, un magistrado que intervino en aquel arbitraje fue imputado por fraude. Se trata de Pierre Estoup, uno de los tres árbitros que decidió conceder a Tapie la controvertida indemnización de 403 millones de euros.

Este miércoles, el fiscal de la República, François Molins, anunció la imputación del presidente de Orange por el cargo de "estafa en banda organizada", como había requerido la fiscalía, precisó el magistrado en un comunicado.

Richard había sido interrogado durante 48 horas en régimen de "garde à vue", detención con asistencia letrada, y una parte de esas horas de declaración las hizo en un hospital de París próximo al Palacio de Justicia de la capital debido a su estado de salud.

El presidente de Orange, que se mantiene al frente de la compañía, era jefe de gabinete de Lagarde cuando ésta era ministra de Economía (2007-2011) y cuando se concedió la millonaria indemnización a Tapie que ahora está siendo investigada por la justicia francesa.

Richard se mantuvo detenido en dependencias policiales desde el pasado lunes junto con Jean-François Rocchi, expresidente del consorcio público que gestionaba el banco Crédit Lyonnais, contra quien se querelló Tapie.

Este empresario y político pidió una indemnización millonaria al Estado al considerar que el banco Crédit Lyonnais, público en aquel momento, había vendido por un precio muy inferior al de mercado la empresa de equipamiento deportivo Adidas a mediados de los 90.

La empresa le había sido embargada por sus problemas judiciales y atribuida al banco público para su venta.

Tras años de litigios, Lagarde decidió acudir a un arbitraje privado, que en 2008 decidió conceder una indemnización al empresario de 403 millones de euros, muy superior a la que habían decidido los tribunales.

La justicia abrió una investigación para determinar los motivos que llevaron a la entonces ministra a organizar una conciliación privada en lugar de recurrir a la justicia ordinaria.

Los investigadores tratan de determinar cómo se tomó esa decisión y si se perjudicaron los intereses del Estado al decidir ese montante de indemnización sin esperar a la decisión de un tribunal.

Richard se une ahora a la larga lista de presidentes de grandes empresas francesas que han sido imputados por la Justicia, como por ejemplo el de Saint Gobain, Jean-Louis Beffa, en 1994, por "tráfico de influencias agravado" o Martin Bouygues, del grupo de obras públicas y telecomunicaciones del mismo nombre, que lo fue en 1997 por "abuso de bienes sociales".

Los dos, como Claude Bébéar y Henri de Castries, altos responsables de la aseguradora Axa —imputados por blanqueo de capitales— vieron cómo sus casos fueron sobreseídos por la Justicia tras varios años de tramitación.