Desde que el pasado mes de agosto el IVIMA anunció la venta de 3.000 viviendas públicas al fondo inversor Goldman Sachs-Azora, la vida de Tania Maroto Bartolomé dio un vuelco. Separada, en paro y con cinco hijos menores a su cargo —la mayor, de 17 años, sufre un 90% de discapacidad— vive en una de esas 3.000 viviendas, por la que paga un alquiler social que no llega a los 200 euros al mes."Se trata de una reducción de renta que hicimos dentro del Plan Joven a unos 5.000 casos", explican a 20minutos fuentes de la Consejería de Transportes de Madrid, de la que depende el IVIMA. Según esta entidad, cuando se efectuó la venta de 3.000 viviendas se acordó con Azora que "las condiciones de los inquilinos no van a cambiar, independientemente de que el casero sea el IVIMA o el nuevo fondo de inversión".El precio del alquiler de estas viviendas de carácter social se negocia cada dos años —lo que IVIMA denomina "plazo de revisión"—. Una vez vence ese plazo, el inquilino debe revisar con el propietario —antes el IVIMA, ahora Azora— el precio del contrato. A Tania, ese plazo de revisión le vence en junio de 2014. "En Azora no nos garantizan si nos seguirán cobrando la misma cantidad", comenta Tania.El único dinero que entra mensualmente en su casa corresponde a una ayuda de 530 euros mensuales —de la renta mínima de inserción— y otros 200 de pensión de manutención, cantidad de la que habría que descontar como mínimo el alquiler, las facturas y la alimentación de sus cinco hijos.Su situación ha llegado a un punto extremo: "Llevo dos años y medio esperando la ayuda de la dependencia", denuncia. Además, en su casa no hay agua caliente desde hace un año: "La caldera se estropeó y no podíamos pagarla, además tengo una deuda con la compañía del gas...", enumera Tania, que añade que se ha puesto en contacto con una Asociación —Prójimo Próximo—, que les van a solucionar el problema de la caldera. Por si esto no fuera poco, "también tengo a mi madre con un cáncer".Desde el IVIMA explican que todas estas viviendas del Plan Joven tienen un precio máximo sobre el que se puede negociar, "dependiendo de las características de la vivienda, la promoción... Por ley hay un precio máximo establecido", aseguran.Por su parte, fuentes de Azora han asegurado a 20minutos que "en teoría no van a cambiar nada las condiciones" del alquiler, y que "cuando se cumplan los contratos revisarán cada caso de manera particular", aunque no han especificado qué pasaría en caso de impago de un inquilino.Quique, de la Asociación de vecinos del PAU de Vallecas —donde vive Tania—, mantuvo hace semanas una reunión con representantes de Azora, y la versión de la compañía se repite: "Nos han confirmado que algunos casos concretos se revisarán, pero que en casos generales, una vez que termine el plazo de la ayuda —la reducción de renta hecha cuando el piso era propiedad del IVIMA— se les aplicará el precio del módulo". Es decir, que si un inquilino tenía una reducción de renta de un 50%, una vez finalice el plazo de revisión Azora incrementaría automáticamente el precio del alquiler ese 50%, porque ha finalizado la ayuda del IVIMA.

Su situación, en la cuerda floja

Mientras tanto, Tania vive esta situación "con angustia": "Tengo tanta carga encima, con las niñas pequeñas —la más joven tiene sólo 2 años—, tengo a mi hija mayor con discapacidad y no puedo ayudar más a mi madre", repasa, con voz entrecortada. Aunque le gustaría poder trabajar para aumentar los ingresos familiares, tampoco puede buscar un empleo: "No tengo con quién dejar a mi hija, y no tengo horas suficientes del día para poder buscarme algo a tiempo parcial". Para poder dar de comer a sus hijos se va con el carro a asociaciones para recoger alimentos. "Tengo apoyo familiar, pero ni físico ni económico, porque mis hermanos tampoco me pueden ayudar ya que están a punto de irse al paro".Para Tania, la venta hecha por el IVIMA "podrá ser legal, pero no es moral, porque son viviendas públicas que hemos pagado todos, y que ahora vendan esto para lucrarse a una empresa privada no es moral", insiste.Esta familia lleva seis años, los mismos que la antigüedad del piso, viviendo en esta casa perfectamente adaptada a la discapacidad de su hija mayor. "Veníamos de una casa de acogida y nos la adjudicaron por sorteo", explica Tania. "A mí ahora no me garantizan que me reubiquen en otro piso si no puedo pagar este, nos tendríamos que ir", añade. "Todos los partidos políticos sabían de esto desde hace dos años y no han hecho nada", denuncia.En el peor de los casos, si les suben el precio del alquiler, al que no podrán hacer frente, Tania se ve en la calle con sus cinco hijos, puesto que "nadie querrá alquilarle un piso a una persona sin nómina y con cinco hijos a su cargo", lamenta. "¿Cómo voy a estar tranquila con cinco hijos, una niña discapacitada, sin poder trabajar y con la incertidumbre de quedarme en la calle?", se pregunta.Precisamente por situaciones como la de Tania, este sábado pasado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) convocó una protesta desde la sede del EMVS en la calle Palos de la Frontera hasta Cibeles. La manifestación, a la que acudieron 10.000 personas según los convocantes y en torno a unas 300 según la Policía, buscaba denunciar y exigir el cese de la venta de vivienda pública a "fondos buitres".