Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), han detenido en esta localidad a dos mediadores de seguros —el corredor de seguros y una empleada—  por presunta estafa a más de 500 personas durante 10 años.

Según informa en una nota, los arrestados cobraban en metálico las pólizas de seguros de automóviles, que daban de alta y de baja en el mismo día, por lo que los vehículos quedaban sin cobertura.

La investigación se inició a raíz del descubrimiento de que varios vehículos implicados en accidentes de tráfico o sancionados por infracciones a la Ley de Seguridad Vial carecían de pólizas de seguro en vigor. Sin embargo, los propietarios de los vehículos implicados en los accidentes desconocían la situación de ausencia de cobertura legal y aseguraban haber contratado una póliza a través de un conocido mediador de seguros de Sanlúcar de Barrameda.

Cuando los afectados por la presunta estafa se ponían en contacto con el mediador, éste, para intentar no levantar sospechas, argumentaba que se había tratado de un "error de gestión" de la póliza. También aseguraba que en contraprestación por los perjuicios ocasionados se haría cargo de la tramitación de los recursos de multas, así como de la formalización de una nueva póliza sin coste añadido.

Los investigadores descubrieron que para la tramitación de algunas de las nuevas pólizas, el mediador habría utilizado datos de filiación procedentes de la cartera de clientes, sin conocimiento de éstos, como tomadores del seguro. Se trataba de conductores con bonus de no siniestralidad o de antigüedad, para tratar de aminorar el coste del seguro al que tenía que hacer frente económicamente a consecuencia de los accidentes.

Los investigadores han arrestado al corredor de seguros, así como a una empleada, como presuntos responsables de delitos de delitos continuados de estafa y falsificación documental. Los presuntos autores también trataban modalidades de seguros como pólizas del hogar o seguros de vida.

En el registro del establecimiento comercial y un domicilio se ha incautado diverso material informático y numerosa documentación que apunta a la existencia de un elevado número de perjudicados, que a tenor de la amplia cartera de clientes durante 10 años, se estima en torno a 500 personas.