El presidente catalán, Artur Mas, ha remarcado este miércoles que, históricamente, "no siempre la desobediencia ha llevado a la victoria", y ha añadido que "en este momento" no está en el "escenario" de la "desobediencia civil", sino en el de pedir al Constitucional que levante la suspensión de la consulta.

En la sesión de control del Parlament, Mas ha subrayado que el objetivo del Govern es que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar sobre la consulta soberanista antes del 9 de noviembre para poder celebrarla.  "En lo que depende de mí, este proceso se acaba votando y votando con la pregunta pactada", ha añadido Mas, que se ha comprometido a reunir y hablar con los partidos proconsulta para tomar las decisiones "definitivas", porque las actuales que ha tomado el Gobierno catalán son "cautelares".

Mas contactará este mismo miércoles con todos los partidos proconsulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP), aunque con algunos ya habló por teléfono el martes, para acordar la respuesta a dar al Constitucional. "Soy partidario de que entre todos, aportando cada uno sus idea, encontremos el punto común de lo que debe ser la respuesta, sobre todo de cara a los días sucesivos, ante cada eventualidad", ha expuesto.

Según Mas, el primer reto es buscar la manera de presionar al Alto Tribunal para que la levanten lo antes posible. Pese a recordar que el TC tiene un máximo cinco meses para fallar, ha pedido a los magistrados que apliquen la misma rapidez que tuvieron para reunirse para aceptar los recursos del Gobierno central a pronunciarse: "Pueden ser cinco meses o cinco días".

En cualquier caso, "no rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro" mientras en el proceso haya "movilización social", "pulcritud democrática", "actitud pacífica" y unidad política, ha afirmado en una respuesta a Alícia Sánchez-Camacho, quien le ha pedido que rectifique tras haber cruzado ya "la línea roja". Mas ha reprochado a la líder del PPC que haga de "portavoz" del Constitucional y le ha advertido de que, pese a los "obstáculos" que pueda poner PP y PSOE, se votará. "Dependerá de esta Cámara, no de ustedes esta vez", le ha respondido.

Paralelamente, este miércoles el Govern ha presentado sus alegaciones ante el Alto Tribunal, al que pide el "levantamiento inmediato" de la suspensión cautelarde la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria. El Ejecutivo catalán alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión". Asimismo, sostiene que la Constitución y el Estatut "llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos".

Por otro lado, Mas ha acusado al Gobierno de incumplir siempre lo que corresponde a Cataluña en materia de inversión teniendo en cuenta el peso de su economía en España tras conocer, este martes, que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) contempla 1.072 millones de euros, lo que supone el 9,5% del total de la inversión, la mitad de su peso en el PIB, pese a que es precisamente eso lo que establece el Estatut.

"Llevamos 35 años de largos sistemas democráticos en España y prácticamente nunca el Estado ha invertido en Cataluña de acuerdo a su peso, pero, a la hora de reclamar para sacar dinero a Cataluña para la aportación general, hemos sido los primeros", ha criticado. "Si alguien se retira de Cataluña es justamente el Estado. No sé si es una premonición", ha añadido.

La secretaria general y diputada de ERC en el Parlament, Marta Rovira, ha exigido al Govern mantener la campaña institucional del 9-N para no ser "cómplice de la suspensión" decretada por el TC. Su partido está dispuesto a asumir "las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones" que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta. Además, ha asegurado que "multitud de trabajadores públicos y funcionarios" se han dirigido a ERC para expresar su determinación a seguir con la campaña y la organización de la consulta.

Precisamente, el conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha dicho este miércoles por la mañana que ha paralizado la campaña para no comprometer a ningún funcionario u otra persona, como los responsables de medios de comunicación con los que se había contratado publicidad.

"No podemos cargarle el muerto a un empleado público", ha dicho, aunque ha matizado que todo lo que depende directamente de los dirigentes de la Generalitat continuará igual.  En este sentido, ha agregado que buscala manera de actualizar personalmente la web de la consulta, que sigue activa: "Depende directamente de mí que haya o no una web, y no la he retirado".

Ante la suspensión de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N, PP, PSC y C's han solicitado que el Pleno que se eliminara del orden del día uno de los puntos: la designación de los integrantes de la comisión de control, siete juristas y politólogos que deben velar por el correcto desarrollo de la consulta, como si fuera una junta electoral. El resto de partidos han dicho asumir los riesgos que podría conllevar la designación pero han asegurado que la comisión no se crea este miércoles sino cuando se firme el decreto, por lo que no incumplen la ley.

Durante el tenso debate, los tres partidos han calificado la votación de desobediencia e insumisión y, cuando se ha rechazado eliminar este punto del orden del día por 86 puntos en contra y 44 a favor, han optado por no participar en la votación de los nombramientos y los diputados de C's han abandonado el hemiciclo antes de la votación, en la que no han participado PSC ni PPC, y en la que se han aprobado los nombramientos con los 86 a favor de los grupos proconsulta.

"Si las mayorías parlamentarias quieren ir como (Oriol) Junqueras —líder de ERC—a la insumisión civil desde el escaño y el coche oficial, nosotros no participaremos", ha dicho el presidente de C's, Albert Rivera, quien ha acusado a ERC de defender una "democracia selectiva a la carta". Por su parte, el portavoz del PPC, Enric Millo, ha avisado durante su intervención de que su partido impugnará ante los tribunales la comisión de control de las consultas porque supone una "desobediencia clara" a la suspensión del TC que puede tener consecuencias "legales" ante los tribunales.

La Abogacía del Estado ya está analizando la designación de la Comisión de Control, según ha explicado este jueves la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, en declaraciones a Onda Cero. Ha precisado que la Abogacía emitirá su informe y, en caso de que considere ilegal ese paso, indicará las medidas que hay que tomar para "reponer la legalidad y hacer cumplir la suspensión" de la consulta decretada por el Tribunal Constitucional.

Llanos de Luna ha asegurado que el Gobierno está "muy pendiente" de que se cumpla la suspensión, que afecta al decreto de convocatoria del 9N y a la propia Ley  de Consultas catalana. "Cualquier actuación que por parte del Gobierno de España entendemos que puede violentar o contravenir la suspensión la analizamos pormenorizadamente, y es lo que está haciendo la abogacía del Estado", ha concretado.