Uno de los detenidos este lunes en la llamada Operación Púnica ha sido un agente que supuestamente avisó al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza, según fuentes jurídicas.

Durante la investigación a esta trama de corrupción, que pivota alrededor de dos "conseguidores" —los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca—, se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados y los agentes descubrieron que un compañero habría alertado a Granados de las pesquisas que se estaban realizando, lo que sería constitutivo de un delito de revelación de secretos.

La investigación por esta trama de corrupción se origina en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Francisco Granados y David Marjaliza, y se da cuenta de ello a la Fiscalía Anticorrupción. Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo, Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción.

Mientras tanto, las autoridades suizas avisaron de que iba a tomar declaración a Granados y a Marjaliza, y en junio de 2014 Anticorrupción presentó una querella contra ambos que recayó en Velasco. La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba en contratos influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles —Ayuntamiento, Diputación y comunidad autónoma— para obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos.

Luego blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también le servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo la libre concurrencia.

A través de las intervenciones telefónicas, se ha constatado la manera en que modificaban los pliegos de contrato con técnicos municipales y políticos. Ante el declive del sector de la construcción los contratos eran más de servicios, como los de eficiencia energética en varios municipios.

Las fuentes jurídicas han precisado que no se trata de una investigación sobre financiación irregular de partidos políticos sino que se centra fundamentalmente en personas que están en política y que en el momento en que están llegando al fin de su vida pública deciden colaborar en esa trama