Un padre tendrá que seguir pagando 500 euros mensuales de pensión alimenticia a su hija, de 29 años. Así lo ha establecido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera (Cádiz), que se basa en la situación económica del país y la dificultad de los jóvenes menores de 30 años para encontrar empleo, así como en la buena situación económica del hombre.

Esta pensión lleva produciéndose 24 años, desde que la pareja decidiese separarse, quedándose la menor con la madre. El padre rehizo su vida y tuvo otros tres hijos, y decidió pedir la suspensión del pago de esta pensión, algo que ahora le ha sido denegado.

“Tiene 29 años y todavía no ha terminado ni siquiera la carrera”, afirma el abogado, Fernando Osuna, a 20minutos. “Estas sentencias son sorprendentes, disparatadas, que se salen de la normalidad. Es absurda, fuerte… No es lo normal. Lo normal es que hubiera dicho que ya está bien de chupar del bote”, concluye.

El juez basa esta decisión en las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo y la buena posición económica del padre, y fija un plazo de dos años para que la joven termine los estudios y tenga más opciones de encontrar empleo, ya que actualmente figura como demandante de empleo y no recibe ninguna prestación.

“La incorporación de los jóvenes al mercado laboral en la época actual es extraordinariamente penosa, y las actuales circunstancias socioeconómicas convierten en casi imposible para un joven menor de 30 años la búsqueda de un empleo que resulte suficiente para subvenir a sus necesidades”, explica el juez en la sentencia.

“El demandante parece contar con una posición económica de relativa solidez, dueño al 50% de una venta, con diversas propiedades inmobiliarias, y titular de varios vehículos, entre ellos un BMW que apuntaría a cierto desahogo patrimonial”. Entiende así que el demandante tiene medios económicos suficientes para aportar alimentos debidos a su hija, y no puede alegar la existencia de otras hijas porque “optó por conducir su vida de esa manera”. Por último, establece dos años desde esta resolución para que la hija concluya sus estudios e ingrese “plenamente” en el mercado laboral.