El catastrazo como algunos llaman a la regularización catastral que el Gobierno central puso en marcha en 2013 en toda España (excepto en País Vasco y Navarra) ya ha llegado a Granada. Y con ella los primeros granadinos 'cazados' por supuestas irregularidades en sus viviendas. Vecinos de localidades como Gójar, Santa Fe, La Zubia o Monachil, que no habían dado de alta algún tipo de modificación en sus casas, han sido los primeros en recibir una carta en la que se les informa de que deben abonar 60 euros por la regularización de sus bienes inmuebles.

De este modo, a miles de residentes en la provincia les llegará una carta similar en las próximas semanas. El envío masivo de misivas se debe, explican fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a que "se está trabajando en colaboración con los ayuntamientos, de tal forma que ellos nos mandan información sobre lo que tienen registrado, y nosotros a través de fotografías aéreas y visitas in situ comprobamos si todo está bien".

Una vez cotejada la información, la empresa encargada de realizar el trabajo ( Segipsa) envía una carta a los presuntos defraudadores que, habiendo modificado su propiedad no lo habían notificado, para que paguen 60 euros por la regularización. Además, se les informa que su Impuesto Sobre Bienes Inmuebles ( IBI) será modificado, por lo que en el próximo ejercicio (2015) deberán abonar acorde a la nueva situación.

"El pago con carácter retroactivo", aseguran estas fuentes, "dependerá de la decisión de cada ayuntamiento". Legalmente sería posible exigir el pago de hasta cuatro años anteriores. Sólo en diez municipios granadinos, el Ministerio ha identificado más de 5.500 irregularidades. Entre ellas, las más comunes son las piscinas, con cerca de 2.000 expedientes abiertos. En La Zubia, con unos 19.000 vecinos censados, se han abierto 1.300 expedientes.

Mil de ellos, “de personas que no habían dado de alta la piscina que habían construido", señala José Torregrosa, concejal de Urbanismo en la localidad. "La mayoría de los fraudes", explica el edil, "provienen de 2004-2005, con lo que llevan diez años sin abonar los 60 euros de media que supone tener este tipo de instalación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)". Es decir, "unos 60.000 euros anuales para las arcas municipales que se han perdido", añade.

Por eso, el equipo de gobierno está meditando si "reclamar esta cantidad con atrasos hasta los cuatro años que nos permite la ley". Y es que, de ser así, el Consistorio recuperaría "240.000 sólo en concepto de piscinas, más los 300 expedientes abiertos por construcciones ilegales en suelo no urbanizable que habría también que sumar", argumenta Torregrosa.

En Gójar, con unos 5.500 habitantes censados, el número de irregularidades es de 700, "el 60% de ellas piscinas", explican fuentes municipales.

En Santa Fe, de 600 expedientes, 300 también son de este tipo de construcciones. En Vegas del Genil, con 263 notificaciones, hay 60 secaderos, que según su alcalde, José Aranda, "no se han catalogado debidamente". Cúllar Vega ( 7.000 habitantes) también cuenta con 767 irregularidades en suelo urbano "principalmente ampliaciones de viviendas, reformas…", dicen fuentes municipales. La lista continúa en Alfacar con 110, Alhendín (589), Huétor Tájar (350) o Monachil (700).

"Los afectados tienen un plazo para presentar alegaciones", explican desde Hacienda. Y es que, el aumento del valor catastral de una vivienda también afecta sobre otros recibos municipales como es el recibo de la basura. Los municipios que van engrosando el cómputo de las revisiones se hace público de forma regular en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta el 30 de abril de este año se habían visto afectados 21 municipios granadinos, de los cuales habían recibido notificaciones algo más de la mitad. Este verano, en el BOE se publicaron otras 25 localidades, entre ellas Granada capital. La regularización catastral durará hasta 2016.