La Conselleria de Hacienda del Gobierno valenciano ha enviado cartas a 43.083 ciudadanos en las que les exige una liquidación complementaria de los tributos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, que están transferidos a la Comunitat Valenciana, tras haber comprado un piso de segunda mano.

Estos pagos adicionales son consecuencia de la drástica bajada de los precios por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y corresponden al ejercicio fiscal de 2013, cuando adquirieron la vivienda.

Como la mayoría de los ayuntamientos no han actualizado todavía a la baja los valores catastrales, hinchados en muchas ocasiones en tiempos de bonanza para recaudar más, la Generalitat aplica a esta cifra un coeficiente, que varía por municipios, y el resultado es un supuesto precio del piso por encima del valor de mercado, por lo que la Administración obliga a pagar impuestos por esa diferencia.

En Valencia, por ejemplo, el coeficiente aplicable en 2013 era del 4, y para este año lo ha rebajado a 3,25. Un piso cuyo valor catastral sea de 50.000 euros debe pagar en la liquidación de 2013 como si costara 200.000 euros a ojos de Hacienda, cuando un comprador ha podido pagar 150.000 euros. Por esa diferencia se le reclama por escrito la nueva liquidación del impuesto.

Este método de valoración se aplica, según la orden vigente, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana (quedan excluidos los rústicos) y, dentro de ellos, tampoco se incluyen los solares, las viviendas unifamiliares, las naves industriales ni los edificios protegidos.

Es decir, se limita a los pisos urbanos de segunda mano, dado que los nuevos no pagan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), sino IVA. También afecta a las plazas de garaje y a los trasteros que normalmente pueden llevar aparejados, y que también tributan.

El listado con los coeficientes de cada municipio se encuentra disponible en la página web de la Conselleria de Hacienda, tanto los aplicables al ejercicio 2013 como los de 2014, que han bajado.

Fuentes de Hacienda sostienen que esta comprobación masiva se hace “para evitar fraudes” (no escriturar el precio real y dar una parte en ‘dinero B’) o errores, pero muchos ciudadanos se quejan de que sea Hacienda quien decida el hipotético precio de mercado con un coeficiente que puede resultar arbitrario.

La decisión se puede impugnar y, en ese caso, un perito debe acudir a la vivienda para hacer una valoración de la misma. Las misivas con reclamaciones de cantidades adicionales enviadas por los impuestos de transmisiones y AJD suponen el 13% del total de expedientes, según los datos de Hacienda a los que ha tenido acceso 20minutos.

Las fuentes consultadas sostienen que algunos casos impugnados suelen acabar de forma favorable para el contribuyente, pero no siempre es así.