El juez declara el concurso de acreedores de la promotora del edificio In Tempo de Benidorm

El juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante ha declarado el concurso de acreedores de la promotora Olga Urbana S.L., responsable de la construcción del edificio In Tempo de Benidorm (Alicante), que había solicitado en noviembre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb).

El juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante ha declarado el concurso de acreedores de la promotora Olga Urbana S.L., responsable de la construcción del edificio In Tempo de Benidorm (Alicante), que había solicitado en noviembre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb).

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el auto, de fecha 1 de diciembre, declara suspendidas las facultades de administración y disposición del deudor y nombra administradora concursal a la abogada Antonia Magdaleno. Además, da un plazo de un mes a los acreedores para comunicar sus créditos.

A 31 de diciembre de 2012, la Sareb adquirió por mandato legal el crédito concedido por NCG Banco a Olga Urbana para ese rascacielos, que estaba aproximadamente al 93 por ciento de su construcción y con la culminación de las obras prevista para marzo o abril de 2013.

La deuda de Olga Urbana con el conocido como 'banco malo' asciende a unos 100 millones de euros y, en noviembre, la Sareb decidió instar el concurso ante la situación de insolvencia de la mercantil, evidenciada por sus impagos generalizados y por su incapacidad de hacer frente con sus propios medios a la construcción del edificio In Tempo.

Según señaló entonces en un comunicado, el concurso necesario dotará de control judicial al proceso de valoración de la situación patrimonial de la compañía, su viabilidad y, en particular, la del propio proyecto.

A su juicio, sólo el proceso concursal y la intervención de un administrador concursal permitirán dotar al proceso de plenas garantías sobre el control de ingresos y gastos y la plena protección de los derechos de los acreedores, adquirentes de las viviendas y proveedores.

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