La prueba pericial de parte elaborada por QBE, la aseguradora de responsabilidad civil patrimonial del operador ferroviario Renfe, ha elaborado un informe en el que se indica que en el tramo en el que se produjo el accidente del 24 de julio de 2013" había un riesgo previsible y no tolerable".

El documento , Factores y circunstancias que dieron lugar a la producción del accidente, de 83 páginas, revela que esta contingencia en la curva compostelana de A Grandeira es "no tolerable" de acuerdo con la normativa aplicable y con los estándares técnicos del sector, por lo que debería "haber sido mitigado hasta niveles tolerables".

En la víspera del Día de Galicia de hace casi dos años, un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló a la altura del barrio de Angrois, siendo la causa un exceso de velocidad, puesto que este tren entró a 179 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 80.

El análisis de QBE, incorporado a la causa que instruye el juez Andrés Lago Louro y realizado por Frans Heijnen y James Robert Catmur, sostiene que no se mantuvo el procedimiento de gestión de riesgos exigido por la normativa de aplicación tras la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago.

También considera que no existen evidencias de que se evaluara el impacto sobre la seguridad de la desconexión del sistema de embarcado ERTMS autorizada en junio de 2012 y que la decisión de desconectar este sistema incrementó el riesgo de descarrilamiento con 'un factor diez'.

Los firmantes mantienen que las buenas prácticas en materia de seguridad y la normativa que resulta de aplicación exigen evaluar el riesgo de factor humano, "que no estaba correctamente previsto en el sistema de gestión de riesgos del Adif".

Aseguran que no existía un sistema que evitase el fallo humano ni que redujese sus consecuencias y, además, resaltan que las condiciones de la infraestructura no solo favorecerían el exceso de velocidad, sino que también, ante cualquier tipo de incidente, se produjese un siniestro "de catastróficas consecuencias".

El informe pericial concluye que un análisis de riesgos conforme a la normativa y estándares técnicos del sector "hubiera determinado la obligación de implantar sistemas que mitigaran el riesgo", dado que existían varias alternativas que lo hubieran reducido "a niveles aceptables".

El maquinista Francisco José Garzón Amo es el único imputado en este caso.