La familia Bucevschi vive con 540 euros al mes. Es la cantidad mensual que cobra Remus, su padre. Con ese dinero tiene que mantener a tres personas más. "Yo me he independizado y ya no soy una carga para ellos", asegura Yasmina, de 22 años, la mayor de tres hermanos. Remus cobra una pensión no contributiva debido a que tiene una minusvalía reconocida del 98%. A sus 46 años, este ex albañil va en silla de ruedas, ha perdido la visión en un ojo por culpa de la diabetes, tiene problemas de corazón y acude a diario a diálisis. "Antes teníamos la ayuda de la dependencia, pero nos la quitaron cuando llegaron los recortes, como les ha sucedido a miles de familias", lamenta Yasmina.

Pese a las dificultades, esta familia que llegó de Rumanía en el año 2000 para establecerse finalmente en Toledo iba tirando. "Vinimos a España, que entonces era un país donde había muchas oportunidades, buscando una vida mejor de la que teníamos en Rumanía. Vendimos todo lo que teníamos para irnos a vivir a España", recuerda la hija mayor del matrimonio. Los problemas se han agravado cuando Pupa, su madre, sufrió un accidente laboral haciendo un curso de albañilería. Este incidente le dañó de una manera considerable la espalda hasta el punto de impedirle trabajar. A esto hay que añadir que sufre diabetes y tiene colocado un 'bypass' en el corazón. Por ello, Puppa, de 48 años, tiene reconocido un grado de discapacidad del 65% y solicitó el 13 de enero de 2014 recibir una pensión no contributiva que posiblemente ronde los 300 euros.

Sin embargo, un año y algo más de un mes después aún no ha recibido ninguna respuesta de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, que en principio debería haber resuelto la solicitud de Pupa en un plazo de tres meses, como señala en su página web. Las pensiones no contributivas son unas pensiones de carácter solidario y compensatorio que el Estado prevé para personas y familias en estado de necesidad que no hayan cotizado el tiempo suficiente a la Seguridad Social. Esta prestación es gestionada por las Comunidades Autónomas.

Mientras tanto, las deudas de la familia Bucevschi crecen cada día que pasa. "Es un dinero que solucionaría nuestros problemas. Ahora debemos unos 5.000 euros entre el alquiler y la comunidad. Estamos tirando gracias a la ayuda de los trabajadores sociales y de organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, que nos han pagado algún recibo de la luz y nos suelen dar comida. Alguna vez un kilo de arroz, otra vez un litro de aceite...", explica Yasmina. "¿Dime cómo puede una familia con tres personas diabéticas (su hermana de 16 años es diabética y padece obesidad) comer con 500 euros?", se lamenta. "Estamos desesperados. Ya no tenemos ni para comprar el pan. Yo trabajo en un supermercado a media jornada y les ayudo en lo que puedo, pero tampoco me queda mucho después de pagar todas mis facturas", añade.

Desde el Gobierno regional manchego, reconocen que en el caso de Pupa se ha producido un retraso anormal porque "el tiempo medio de gestión de las pensiones de invalidez en Castilla-La Mancha es de 147 días", aunque lo han achacado a problemas burocráticos. "Las comprobaciones son las que retrasan considerablemente la resolución de algunos casos concretos, ya que no solo dependemos de nuestra propia gestión, sino de la gestión y coordinación con otras Administraciones".

La consejería precisa que en el caso de las pensiones no contributivas "no hay un plazo obligatorio" y que no se resuelve hasta que "se comprueban todos los requisitos, lleve el tiempo que lleve". Además, el departamento regional recuerda que el visto bueno final de la solicitud tiene efectos retroactivos: "Se conserva el derecho desde la fecha de solicitud de la pensión, por lo que, si ésta fuera de favorable a sus intereses, se devengarían atrasos desde la misma fecha de solicitud de pensión".