Regulacionistas:

• Las trabajadoras sexuales: Varias mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Barcelona se han asociado para reivindicar derechos laborales y protestar contra las ordenanzas municipales que les prohíben, por ejemplo, captar clientes en la vía pública. Este colectivo nace con vocación de lobby, para ejercer un papel protagonista en el debate sobre la actividad que las ocupa. Recientemente, dieron una rueda de prensa en Barcelona para denunciar la "vulneración sistemática" de los derechos que sufren y criticar la visión "paternalista" que la sociedad mantiene sobre su profesión. Entre su lista de demandas consta el respeto y la defensa de su derecho "a la dignidad, a la seguridad en el trabajo y la erradicación de la explotación". Tienen un blog: "Prostitutas Indignadas".

• Colectivo Hetaira: Con 20 años de experiencia en defensa de los derechos de las prostitutas, con quienes mantienen contacto directo, Hetaira reivindica "la normalización del trabajo sexual". Para este colectivo el reconocimiento laboral de las trabajadoras sexuales supondría su protección legal y el acceso a la justicia. Ellos defienden la eliminación del estigma y la discriminación, así como garantizar el acceso de estas mujeres a servicios sociales y de salud. Hetaira forma parte del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa. En el último encuentro de esta plataforma, Hetaira denunció que el vacío legal en España respecto a la prostitución y las ordenanzas locales que persiguen a las prostitutas condenan a estas trabajadoras a ser "ciudadanas de segunda clase". Hetaira considera un mito que el 90% de las prostitutas sean víctimas de la explotación. "El discurso público dominante mezcla muchísimo trata con trabajo sexual. Ha surgido de la nada la cifra de que el 90% de prostitutas son víctimas de la trata", aseguran. Con motivo de las distintas convocatorias electorales, el colectivo ha elaborado un documento con sus propuestas sobre la prostitución en España, a nivel nacional, autonómico y municipal. En cuanto a lo que propone Albert Rivera, Cristina Garaizabal, portavoz de Hetaira, asegura que su propuesta parece "hecha a la medida de los empresarios del sector, pero no tiene en cuenta a las trabajadoras". A Garaizabal le preocupan los detalles de la regulación y sobre todo la prohibición de la prostitución en la calle, "la más autónoma y la única que no exige tener que dar dinero a un tercero".
• Asociación Anela (clubes de alterne): Es la primera, y única, asociación nacional de empresarios de locales de alterne. Desde 2001 impulsa reuniones a nivel autonómico con los distintos gobiernos regionales para conseguir que su sector "salga del ostracismo"  y se inicie un proceso regulador de su actividad. El dato que maneja arroja una cifra de 1.500 locales en todo el territorio nacional, en los que trabajarían unas 30.000 mujeres. Al Gobierno central le piden "un epígrafe específico de actividades sexuales, donde los hombres y mujeres que ejercen la profesión pudieran acogerse fiscalmente para pagar sus impuestos".
• Feministas: Entre las feministas que defienden la reglamentación del trabajo sexual está la doctora en Antropología Dolores Juliano. En una reciente mesa redonda organizada por Hetaira, Juliano defendió que "muchas mujeres consideran la prostitución como una de las estrategias que se pueden utilizar para solventar sus necesidades familiares sin delinquir. Si se entiende que puede ser una de las estrategias que utilizan las mujeres para ganarse la vida dentro de la legalidad, la conclusión que se impone es que hay que ayudarlas a organizarse y defenderse", defiende esta teórica del feminismo. También asegura que en los países que se sigue un criterio más abolicionista con la prostitución "se detiene a más mujeres por este tema que por cualquier otro tipo de delito".
• Ciudadanos (C's): Albert Rivera anunció la "legalización" de la prostitución y la persecución de las mafias en una entrevista radiofónica. Esta actividad genera en España 18.000 millones de euros anuales, lo que permitiría al Estado recaudar 6.000 millones de euros en impuestos, dijo citando cálculos de los inspectores de Hacienda. "Estas personas parece que no existen, hay una especie de doble moral colectiva, pero están ahí y tienen su sufrimiento", aseguró refiriéndose a las prostitutas. Su regulación daría "derechos sociales y obligaciones tributarias a quienes ejercen la prostitución de forma voluntaria".
• Inspectores de Hacienda: El año pasado fue la organización que aglutina a los inspectores de Hacienda del Estado la que solicitó la legalización de la prostitución, para que se pudiera medir mejor el alcance económico del sector. El INE tenía que empezar a medir el PIB de España contando prostitución y drogas, siguiendo la estela del resto de países europeos, y los técnicos defendían que su legalización facilitaba la labor de control. El primer cálculo con drogas y prostitución, a finales de 2014, supuso un alza del PIB del 1,7%.
• Partidos políticos: Preguntada por las declaraciones de Rivera sobre la prostitución, la exjueza y ahora candidata por Ahora Madrid, Manuela Carmena, se mostró partidaria de iniciar "un proyecto piloto experimental" para conceder cierto grado de legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección a las mujeres que se reconozcan como trabajadoras del sexo. Para Carmena este es un tema "enormemente controvertido en todo el mundo" que exije "un estudio muy profundo". Por su parte, la candidata del PP, Esperanza Aguirre, respondió que "lo importante" es que "quien desee cobrar por el sexo lo haga libremente", con lo que se apartaba de la corriente de pensamiento dominante en su partido.

Abolicionistas:

• Colectivo Apramp: Rocío Nieto preside  Apramp, un colectivo de atención a prostitutas en Madrid que lleva trabajando 32 años a pie de calle. Apramp es radicalmente contraria a regular la prostitución. "No estamos de acuerdo, en este momento, con la regulación de la prostitución, porque la mayoría de las mujeres que vienen a ejercer a España vienen a través de redes de trata de personas. El 90% de las prostitutas en España no son libres, están controladas y están siendo extorsionadas en la calle, en los polígonos y en los clubs", defiende Nieto. Ella no entra a valorar si la "prostitución de alto estánding" podría legalizarse o no, pero insiste en que no es el momento de pensar en legalizar a las prostitutas que ejercen en la calle. "¿Quién va a vigilar los servicios que hacen? Es imposible de controlar", dice. Lo que Apramp pediría a los distintos gobiernos es una persecución más eficaz contra el proxenetismo y la trata. "Las mujeres no se están quedando con su dinero, se lo están llevando intermediarios explotadores".
• Feministas: Rosa Cobo es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y experta en género. En estos momentos se encuentra ultimando un libro sobre las conexiones entre neoliberalismo y la prostitución. Cobo defiende lo que llama "abolicionismo normativo", que busca distanciarse del más conservador "prohibicionismo". A su juicio, la mayor parte del feminismo en España se enmarca en su postulado. Cobo ve necesario explicar que ella distingue entre "las mujeres prostituidas", con las que mantiene una enorme solidaridad, y "la prostitución", de la que hace una crítica radical. En su opinión, la regulación de la prostitución en España solo beneficiaría a los sectores directa e indirectamente relacionados economicamente con esta actividad. Esta teórica defiende que la prostitución no es "la mejor salida" para las mujeres "porque es una fuente inagotable de desigualdad y una manifestación explícita, y de las más inaceptables, de violencia contra ellas". Además, considera nefasta la propuesta de Ciudadanos, que enmarca dentro de la lógica neoliberal. "Rivera tiene plena conciencia de que la prostitución es un sector que no hace más que crecer, de altísimos rendimientos y bajos costes". En su opinión, sin embargo, no es posible legalizar todo lo que resulte consentido, "hay que ver de qué forma se consiente, si no han tenido otras opciones", matiza. Esta feminista asegura que en los países en los que se ha optado por regular la prostitución, como es el caso de Holanda, la práctica ha aumentado. Rosa Cobo es una de las expertas convocadas en la mesa de Igualad del Congreso de los Diputados para debatir sobre prostitución. En su discurso aseguró que conceder derechos laborales a las prostitutas originaría "que los niños y niñas vayan asumiendo de una forma inconsciente que las mujeres podemos ser usadas, y que nuestros cuerpos se pueden comprar y vender igual que se compra y vende un coche".
• Partidos políticos: Los principales partidos políticos a nivel nacional se han posicionado estos días en contra de la medida propuesta por Ciudadanos. En el PP, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señalaba que la prostitución "va en contra de la dignidad" de las mujeres. La candidata Cristina Cifuentes es de la opinión de que "no se puede legalizar una actividad absolutamente degradante como la prostitución". Cifuentes añade que "la gran mayoría de las que ejercen la prostitución lo hacen de manera obligada" y son "esclavas sexuales". Rafael Hernando, del PP, aseguró que la comisión de igualdad del Congreso no es partidaria de la legalización. Por su parte, la portavoz del PSOE Carmen Montón también se mostró contraria a "mercadear con los cuerpos de las mujeres". El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Carmona, también ha asegurado que nunca legalizaría la prostitución "aunque me cueste la Alcaldía".
• Defensora del Pueblo: Por su parte, Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, considera que la prostitución "es un mal para las mujeres" y se opone a que su legalización. "Me parece que la prostitución es un mal para las mujeres. La inmensa mayoría de las que se prostituyen se sienten abocadas a ella porque no tienen otros medios de subsistencia. Todo lo que me parece mal, que sea legal me parece peor".
• Prohibicionismo: Esta corriente proclive al abolicionismo opta mientras tanto por extender políticas que supongan la expulsión de la prostitución de todos los ámbitos públicos, relegándola al ámbito de lo privado. Bajo este prisma se enmarcan la mayoría de las ordenanzas municipales que prohíben la prostitución callejera. Son también prohibicionistas los partidarios de penalizar tanto a los clientes como a las prostitutas.