La Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras está manteniendo reuniones con los principales ayuntamientos asturianos para pedirles, en caso de que pretendan remunicipalizar algún servicio privatizado, que prorroguen la concesión y, mientras, que busquen un "encaje legal" para que los trabajadores de las empresas adjudicatarias puedan seguir prestando sus servicios a la Administración.

Así lo ha explicado el responsable de la Federación, Jeremías Dos Santos, en una rueda de prensa en la que ha informado de que ya ha mantenido contactos con consistorios como los de Gijón, Avilés y Langreo, y que en próximas fechas los mantendrá con otros como Mieres y Grao.

Según Dos Santos, los Consistorios están siendo sensibles a los planteamientos de CCOO, que ha expresado su preocupación ante una posible ola de remunicipalizaciones en ayuntamientos asturianos, tras la conformación de nuevos gobiernos locales después de las últimas elecciones municipales. El caso más conocido es el del Ayuntamiento de Oviedo y su servicio de recaudación, adjudicado a La Auxiliar de la Recaudación.

Este último caso está fuera del sector de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, pero Dos Santos teme que se den procesos similares en actividades de su incumbencia, principalmente servicios de limpieza privatizados, pero también otros, como ayuda a domicilio y seguridad. En total, estima que se verían afectados unos 8.000 trabajadores en Asturias, 953 de ellos en el municipio de Oviedo.

Dos Santos ha dejado claro que el sindicato no se opone a una potencial remunicipalización pero ha mostrado su preocupación por los puestos de trabajo de los empleados que llevan "muchos años prestando sus servicios". Por este motivo, pide a los consistorios que en caso de iniciar un proceso remunicipalizador prorroguen los contratos de las concesiones hasta que se busque una solución a los empleados.

"no hay encaje legal"

El líder sindical ha reconocido que actualmente no existe "ningún encaje legal" que permita que estos trabajadores pasen a formar parte de la Administración Local y reconoce que tal medida no sería posible. Por este motivo, reclama que se exploren alternativas legales para "garantizar que estos trabajadores mantendrán su puesto de trabajo, porque este es un problema que se puede plantear en muchos sitios".

"Actualmente", ha expilcado, "existen dos cauces para trabajar en la administración, el público (por medio de una oposición) o el privado (trabajando para una empresa que tenga concedido un servicios público". Ambos cauces, según Dos Santos, "chocan", motivo por el que cree que hay que estudiar vías legales. Preguntado por los periodistas, el representante de CCOO no se ha pronunciado sobre la posibilidad de realizar una gran oferta pública de 8.000 puestos de trabajo.

La exploración de esta alternativa legal no es la única demanda que CCOO ha planteado a los Ayuntamientos. También ha reclamado la exigencia de dos requisitos para la contratación pública: el primero sería que no prime el criterio de la oferta más barata y que se exija el cumplimento de condiciones laborales y sociales; el segundo sería obligar a la empresa en cuestión a aplicar el convenio de la actividad que corresponda.