A grandes males, grandes remedios, decía Hipócrates. Y precisamente eso, soluciones a la altura de la dimesión del problema, es lo que hace falta para afrontar el desafío secesionista en Cataluña. Esa es la principal conclusión a la que han llegado los expertos constitucionalistas consultados por este diario al ser preguntados por la batalla jurídica que se avecina, después de que la recién constituida Mesa del Parlament catalán aceptase este martes tramitar una propuesta de resolución conjunta de Junts pel Sí y la CUP en la que piden aprobar el inicio del proceso hacia la independencia.

El contenido de la propuesta, en caso de ser aprobada por el pleno de la cámara, no deja lugar para la interpretación, según los expertos: sería claramente incostitucional y atentaría contra la actual legalidad democrática. Sin embargo, todos coinciden en que la respuesta jurídica no resolvería el problema. Por insuficiente, primero, y por las dificultades que en sí mismas entrañan las distintas opciones que contempla el Gobierno: recurrir a la recién aprobada reforma del Tribunal Constitucional (TC), que le da capacidad para actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones, y en últimas instancia, aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, que podría suponer la suspensión temporal de la autonomía.

"Los dos escenarios son muy problemáticos. Es una situación muy difícil que no vamos a solventar jurídicamente", afirma al respecto el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca. "No estamos hablando de un pleito de vecinos en un juicio de faltas. Es necesario que los políticos se encierren y no salgan hasta que lleguen a un acuerdo, porque cada minuto que pasa sin hablar, es peor", añade.

García Roca considera que la propuesta soberanista, que califica de "provocación en la que no se debe caer" y de "disparate democrático", es actualmente una mera declaración de intenciones. Sin embargo, en el momento en que sea aprobada por el Parlament, la cosa cambiaría. En ese caso, "podría recurrise ante el TC", que es lo previsible, lo que conllevaría su suspensión cautelar de forma automática si es admitida a trámite.

Y a partir de ahí, si desde las instituciones catalanas se ignora la suspensión por parte del tribunal, como se sugiere en la inicativa de Junts pel Sí y la CUP, los problemas se agravan. "Al ser una declaración del Parlamento, por sí sola no produce efectos materiales. Expresa un deseo, una voluntad, pero para materializarse sería el Gobierno de la Generalitat el que tendría que empezar a actuar", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Eduardo Vírgala.

En ese caso, de aplicarse la reforma del TC, aprobada por la vía rápida solo con los votos del PP, el propio tribunal, motu proprio o a petición del Gobierno, podría abrir "incidencia de ejecución de sentencia" si considera que se está incumpliendo una resolución suya. Pero, ¿contra quién actuaría? "Todo son incógnitas", afirma Vírgala. "Aunque la presidenta del Parlament (Carme Forcadell) dijese que mantiene la propuesta de resolución e inste a cumplirla, ¿cómo se constata esa desobediencia, si no se materializa en nada concreto?". Y en cuanto al Govern, "para poder suspenderlo tiene que hacer algo, llevar a cabo alguna acción para materializarla, y de momento no está ni constituido. Hay que esperar", explica.

La catedrática en la misma materia de la Universidad de Barcelona Argelia Queralt va incluso más allá. "Podría pasar, como opinan muchos constitucionalistas, que el propio TC se planteara si esa reforma (sobre sí mismo) es aplicable, porque le dota de unas herramientas que no están contempladas en la Constitución".

Queralt considera que la propuesta de JxSí y la CUP "es un ataque contra todo el sistema jurídico en el que la propia Cataluña está inserta. Supone no acatar tampoco el derecho de la UE ni el de las organizaciones internacionales". Sin embargo, tampoco cree que la solución pase por una respuesta jurídica. "Eso lo único que hace es agravar y tensionar más el conflicto". "Estamos en un escenario inédito, muy complicado. El problema es político y las partes deberían negociar, unos se deberían echar atrás y otros hacia adelante", afirma.

En cuanto al artículo 155 de la Constitución, el panorama es aún más incierto. "En los dos escenarios (la reforma del TC y el arículo 155) llega un momento en que hay que adoptar medidas que no están escritas en ningún sitio, ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni en la Constitución", afirma García Roca. "No hay antecedentes ni jurisprudencia, además, ya que ni uno ni otro han sido nunca aplicados".

"El artículo 155 es una medida muy grave y no tiene vuelta atrás. Es la pura fuerza. Si se suspende el Parlament y la autonomía las cosas no mejorarían, seguramente habría algaradas en las calles. Es como pretender curar un cáncer con una aspirina. ¿Sería la solución o el principio del fin?", se pregunta. "Los partidos tienen que llegar a un acuerdo. Esto se arregla hablando y, probablemente, me temo que votando".

Eduardo Vírgala, por su parte, define el artículo 155 "como el último cartucho". "Está pensado solo para cuando no queda más remedio, despues de eso no hay nada más". ¿Y podría aplicarse en un momento como el actual, en el que las Cortes están disueltas? Vígala cree que sí. "El Senado tendría que aplicar cualquier medida que propusiese el Gobierno (en virtud de dicho artículo) por mayoría absoluta". Y en su defecto, esa tarea podría llevarla a cabo "la Diputación Permanente" de la Cámara Alta.

Esta opinión es compartida por García Roca, pero no por Queralt. "El contenido del artículo no está nada claro porque no se ha aplicado nunca. Se plantean dudas acerca de si la Diputación Permanente, pensada para cuestiones menores, tiene potestad para activarlo".

"El problema de fondo no se solucionará por este camino", añade Vírgala. "La gente que quiere ser consultada son un porcentaje importante y van a seguir ahí, y sus representantes políticos también. "Al final la solucíón está en un referéndum. Todo lo demás es un juego imposible".