Bibiana se fue a vivir al Pau de Vallecas (Villa de Vallecas) hace dos años. "Me vine en busca de tranquilidad", asegura esta argentina que lleva 15 años residiendo en la capital. Pero lejos de la paz y el sosiego deseados, encontró "ruidos, peleas, basura, droga y delincuencia". "He llegado a escuchar hasta disparos de bala", afirma. "Estamos viviendo una pesadilla. La situación se ha convertido en insostenible, sobre todo en los últimos seis meses, y cada vez hay más gente conflictiva. Ya le he dicho al casero que el próximo mes me mudo", concluye.

La residencia de Bibiana está situada en la calle Antonio Gades, cerca de su intersección con Embalse de Navacerrada, una de las zonas más inseguras del desarrollo junto a la calle Eduardo Chillida en su confluencia con Gran Vía del Sureste. En esos bloques de viviendas vendidos en 2013 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), dependiente de la Comunidad, a 'fondos buitre' (fondos de inversión que compran activos a precios bajos) se han producido hasta el momento 126 ocupaciones, según los datos proporcionados por la sociedad Encasa Cibeles, gestora de las 1.000 viviendas protegidas que la empresa Azora-Goldman Sachs compró en el Pau de Vallecas. "Todas las ocupaciones están denunciadas. Desafortunadamente, muchas veces los procesos judiciales son lentos. Si hay algún caso de vulnerabilidad social, se analiza con equipo de mediación social y servicios sociales", señala un portavoz de la empresa, que ya ha gastado unos dos millones de euros en cámaras de vigilancia, vigilantes presenciales, alarmas, puertas blindadas y otros elementos de seguridad para intentar evitar estas prácticas.

"Son mafias organizadas. Además de otras actividades ilícitas, como el trapicheo con droga, ocupan los pisos y luego los realquilan", advierte Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Pau de Vallecas. "Hay vecinos que están incluso amenazados", desvela. Pérez señala que el fenómeno de la ocupación de inmuebles en el Ensanche, donde viven unas 40.000 personas, no es exlusivo de la calle Antonio Gades y Eduardo Chillida. "Hay otros bloques con casas ocupadas, pero a menor escala y con personas que no son conflitivas y que lo hacen por necesidad".

Tara, otra residente de la zona, relata como todas las ilusiones que había puesto en su nueva vida en la zona se vinieron abajo en pocos meses: "Hace ya 7 años nos vinimos a vivir aquí llenos de ilusión. Pero lo que eran esperanzas de personas, parejas y familias jóvenes se han convertido en auténticas pesadillas. Vivo rodeada de familias que han ocupado pisos de protección, que han traído drogas, inseguridad, amenazas, destrozos, suciedad. Así no podemos vivir. Son muchos los vecinos que han tenido que dejar sus casas, porque no aguantaban mas. Y ese será el camino que al final tendremos que tomar". Los comercios también se están viendo afectados. "Me roban todos los días", dice resignada la dueña de una tienda de alimentación en Antonio Gades.

El Ayuntamiento de Madrid conoce el problema de primera mano, pero dice que no podrá hacer nada. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, reconoció el pasado martes en un encuentro en la red con ciudadanos que la situación de estos vecinos de Vallecas "es grave" porque las ocupaciones ilegales "implican drogas, suciedad, inseguridad y temor". "Estas ocupaciones no las puede evitar el Ayuntamiento pues tienen que ser los juzgados los que ordenen la salida de estas personas", explicó Carmena. 20minutos intentó, sin éxito, recabar la versión de las personas que ocupan estas viviendas.

A esta problemática hay que añadirle la presencia de numerosos drogadictos en la zona. La presión policial sobre las cundas —los conocidos como taxis de la droga— en otras zonas de Vallecas y, sobre todo, en la Glorieta de Embajadores ha provocado que decenas de toxicómanos se desplacen cada día en la línea 1 de Metro para bajarse en Valdecarros y posteriormente recorrer los dos kilómetros que les separa del mayor mercado abierto de drogas de España, la Cañada Real. Es frecuente encontrar jeringuillas y otros elementos utilizados habitualmente en el consumo drogas en las inmediaciones de la estación de Valdecarros, donde no muy lejos se encuentran el colegio público Loyola de Palacio.