El Supremo declara la zona de construcción de El Algarrobico como no urbanizable

  • El Alto Tribunal ha estimado los recursos de Greenpeace y de la Junta de Andalucía.
  • La decisión se ha tomado tras dos semanas de deliberaciones.
  • El hotel será probablemente derribado, aunque el Supremo no entra a cuestionar a quién le correspondería dicha actuación.
Imagen del hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, tras ser pintado de negro por activistas de Greenpeace.
Imagen del hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, tras ser pintado de negro por activistas de Greenpeace.
EFE
Imagen del hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, tras ser pintado de negro por activistas de Greenpeace.

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado los recursos de Greenpeace España y de la Junta de Andalucía contra la sentencia de marzo de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el hotel de Azata ubicado en El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería) y ha declarado que la zona en la que se ubica es un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable.

Aquella segunda sentencia de la Sección Tercera del TSJA, que de manera inexplicable, según el alto tribunal, contradijo lo que ya había fallado en 2012 otra sección, la Primera, de la corte andaluza, recibe muy duras críticas del Supremo en su fallo de este jueves.

La decisión del Supremo, que se ha tomado tras dos semanas de deliberaciones, determinará probablemente la demolición del hotel, aunque también quedan por dirimir otros asuntos, como si corresponderá una indemnización a la promotora Azata del Sol. En las sentencias divulgadas este jueves el alto tribunal no se pronuncia sobre las eventuales responsabilidades patrimoniales.

Las sentencias del TSJA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó en 2012 una sentencia firmada por su Sección Primera, que dejó cerrado el asunto al determinar que el terreno sobre el que se edificó el hotel no es urbanizable. Aquel fallo no fue recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, donde no hay en tramitación ningún procedimiento en relación con aquella sentencia, por lo que según fuentes del alto tribunal, era firme cuando se volvió a pronunciar sobre el tema la Sección Tercera.

Es decir, cuando en 2014 la Sección Tercera del TSJA falló en sentido contrario al decidido por la sección Primera, llegó tarde, porque el asunto estaba ya cerrado. Pero el alto tribunal es muy duro en su fallo sobre otro de los aspectos de aquella actuación de la Sección Tercera del TSJA, el referente al cambio de jueces que se produjo para que llegara la segunda sentencia.

Aquel cambio vino acompañado de una "total e incomprensible ausencia de resolución". Ningún argumento "dio cobertura a la modificación de Sección que improcedentemente y con vulneración de las normas de reparto" volvió a fallar sobre un asunto ya decidido, dice el Supremo.

Esta segunda resolución, abunda el Supremo, se produjo mediante una auténtica "vía de hecho". "Parece evidente concluir que lo correcto hubiera sido que la Sección 1ª acordara, mediante la oportuna resolución, la remisión de las actuaciones a la Sección 3ª". De no ser así, el asunto debió quedar en manos de la sección que ya había decidido sobre el caso, añade el Supremo.

Por si este conjunto de irregularidades no fuera suficiente, ocurre que la Sección Tercera carecía de competencia para asumir la deliberación y fallo del litigio, de acuerdo con las normas de reparto de la Sala, añade el tribunal.

El presidente de la Sala Contencioso Administrativo del TSJA en la que se produjo aquel extraño cambio, Rafael Toledano, es hoy magistrado del Supremo.

Protocolo de demolición

Ahora, después de muchas idas y venidas, parece que la cuenta atrás para la demolición de este gigante de hormigón ha comenzado, aunque el Supremo no se pronuncia al respecto. Los suelos sobre los que se levanta el hotel son propiedad de la Junta, desde que esta ejerciera el derecho de retracto en 2006 por 2,3 millones de euros y formalizara en 2014 la titularidad pública de los terrenos.

El Gobierno andaluz y el central firmaron en 2011 un protocolo de colaboración para el derribo del hotel una vez finalizaran los procesos judiciales. La Junta ha anunciado que va a contactar "de inmediato" con el Ministerio de Agricultura para comenzar el "último y definitivo" paso de esta historia interminable.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente analizará la sentencia del Tribunal Supremo "para determinar sus consecuencias y actuar con diligencia".

Por su parte, Azata del Sol ha manifestado "respeto" por la sentencia, pero insistió en que su actuación ha sido siempre "correcta", a la vez que confió en ser indemnizada. La empresa tiene pendientes de resolución tres demandas contra el Estado, la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras, a los que reclama 70 millones de euros por daños y perjuicios.

Greenpeace exige la demolición

Greenpeace ha trasladado su alegría y asegura que sus miembros están felices por la sentencia del Supremo, y reclama al Gobierno en funciones que inicie "ya" su demolición y la restauración del entorno.

"Para nosotros se cierra una historia de once años de lucha y media docena de acciones en el hotel", han declarado, y han añadido que "ahora le toca" al Gobierno en funciones y a la Junta de Andalucía poner en marcha el protocolo de demolición que ambas instituciones firmaron en 2011 y en el que se comprometen a demoler el hotel y a restaurar el entorno del parque natural.

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