La recuperación del empleo en España no se ha traducido aún en una reducción de la pobreza, que se mide a través de factores como la caída del umbral de ingresos o el aumento de la privación material grave, según un informe de la Comisión Europea (CE).

El informe sobre España 2016 publicado como documento de trabajo de los servicios de la CE, revela que en España "la pobreza, la exclusión social y la desigualdad han empeorado como consecuencia de la crisis y siguen siendo de las más altas de la Unión".

Las fuertes disparidades regionales contribuyen también al nivel global de desigualdad en España

En los últimos tres años, esos tres aspectos "se han deteriorado considerablemente", señala el estudio, que pone de relieve que el porcentaje total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 29,2 % en 2014, frente al 24,4 % en la UE.

Eso representa un aumento de más de 1,3 millones de personas con respecto a 2014, añade el informe.

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza aumentó en 1,8 puntos porcentuales, hasta situarse en el 22,2 %, aunque el umbral de pobreza siguió bajando, lo que refleja la caída brusca del nivel de vida, asociada a la disminución de los niveles de la renta disponible de los hogares.

España, dice el informe, está además entre los países con el nivel más elevado de desigualdad y es el Estado miembro donde ese elemento aumentó más durante la crisis, impulsado sobre todo por el paro y la polarización de los ingresos entre las personas ocupadas.

El documento subraya asimismo que "las fuertes disparidades regionales contribuyen también al nivel global de desigualdad en España", ya que el riesgo de pobreza o exclusión varía entre el 20% o menos en Madrid, Navarra, País Vasco o La Rioja y casi el 40% o más en Andalucía, Extremadura, Murcia y Ceuta.

El informe menciona asimismo los "muy elevados niveles de desempleo de larga duración", junto con el "fuerte aumento del tiempo parcial involuntario y el elevado porcentaje de trabajo temporal.

"Nuevo aumento de la pobreza de los ocupados"

Esto, unido al "nuevo aumento de la pobreza de los ocupados, dificultan el impacto potencial del crecimiento del empleo en la reducción de la pobreza".

Según la CE, los menores siguen siendo el grupo más amenazado por la pobreza y la exclusión, ya que se ven directamente afectados por el deterioro de la situación de sus progenitores y "por el impacto relativamente bajo de las prestaciones familiares en la reducción de la pobreza".

En 2014, casi tres millones de niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social.

También destaca que vivir en hogares en los que los padres no han cursado educación secundaria o son extranjeros, sigue siendo un factor de riesgo.
Añade que "la pobreza y la exclusión social siguen cebándose de manera desproporcionada en los inmigrantes, la población romaní y las personas con discapacidad".

Por otra parte, señala que en España "los regímenes de renta mínima siguen siendo una serie de programas desconectados entre sí, con grandes disparidades regionales".

Dice además que aunque se han registrado algunas mejoras, España sigue siendo uno de los Estados miembros en los que el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es más bajo, en particular para combatir la pobreza infantil.

Por último, indica que el impacto social de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios "sigue siendo fuerte y significativo" y que, según el Banco de España, en 2014 se produjeron 36.500 embargos de viviendas principales, lo que supone el 0,6 % de los créditos hipotecarios concedidos para la compra de ese tipo de inmuebles.