La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha indicado este jueves que Madrid estrenará modelo de recogida de basuras en noviembre con un contrato que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, paso previo a la licitación, y que supondrá durante la vigencia del mismo la renovación de la flota y la adquisición de 109 camiones, además de tenerse en cuenta para la adjudicación el mantenimiento de los aproximadamente 1.900 empleos actuales.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la edil ha dado cuenta de que las concesiones vigentes expirarán a finales de año y que se busca ir a un contrato de servicios de cuatro años de duración, prorrogable por otros dos, y que quiere garantizar el mantenimiento de los aproximadamente 1.900 puestos de empleos actuales. Será la primera vez que se apliquen las cláusulas sociales en contratos públicos de grandes dimensiones, que rozará los 1.000 millones de euros.

"La estabilidad del empleo y la subrogación obligatoria" serán "condiciones fundamentales" a la hora de adjudicar la contratación. Sabanés ha subrayado que la oferta económica cede su protagonismo en favor de otros criterios de adjudicación de componente social.

El anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea establece una horquilla de entre 900 y 1.100 millones de euros por un máximo de seis años. Esto se traduce en anualidades de entre 150 y 180 millones anuales. Aunque la duración del contrato suponga un incremento de las cuotas de amortización, el Ayuntamiento recibirá al finalizar el mismo una flota de camiones con una vida útil de varios años por delante.

De este modo, el servicio de recogida a partir de 2020 contará con vehículos en buen estado de uso, lo que unido a los 109 que comprará el Ayuntamiento directamente entre 2016 y 2017, actualmente en licitación, ofrecerá "condiciones de mejora", tanto para los trabajadores como para el servicio de recogida.

La duración del contrato, de 2016 a 2020, es valorado por el Gobierno municipal ante la "experiencia de la rigidez de los contratos integrales como los de limpieza y zonas verdes, que hacen desaconsejable firmar contratos de tan larga vigencia que no permitirían implementar los cambios que previsiblemente haya que introducir en las prestaciones de recogida de residuos a medida que el Plan Marco de Gestión de Residuos se vaya desarrollando".

Ese Plan Marco, que también se elaborará este año, definirá el modelo de recogida a partir de noviembre de 2016. El contrato de gestión de residuos que se tramitará en las próximas semanas incorporará de forma gradual la recogida separada de la fracción orgánica con miras a cumplir las directrices de la UE en el horizonte 2020.

La delegada se ha reunido esta semana para informar a los tres principales sindicatos, CC OO, UGT y CGT y mantiene el compromiso de diálogo continuado con los representantes de los trabajadores.

Inés Sabanés ha argumentado que la municipalización es viable en casos como el de la empresa funeraria, una sociedad mixta con el Ayuntamiento como socio capitalista mayoritario. En el caso del contrato de residuos "ha pesado mucho la seguridad y la posibilidad de continuidad de los trabajadores que hoy desarrollan estos servicios", junto con "las dificultades que ponen las normas estatales".

Sabanés sí ha esbozado que su área trabaja en la recuperación de la gestión de varios servicios pero que en este momento no es prudente precisar. En algunos casos se trataría de concesionarios que han manifestado su intención de no continuar y en otros por tener unas dimensiones "perfectamente asumibles para el Ayuntamiento".

La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha asegurado que el Gobierno municipal comparte la estrategia sobre los pasos a dar para "revertir el enorme proceso de privatización de servicios públicos que hizo el PP" teniendo en cuenta siempre el límite de que no se produzcan interrupciones en los servicios prestados.

Aunque su preferencia sea la de la gestión directa en determinados servicios, Maestre ha recordado "los límites que han dejado los contratos anteriores y las leyes estatales, que no incentivan sino que obstaculizan los servicios municipales".