El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, comparecerá el 6 de abril ante el pleno del Congreso para informar del último Consejo Europeo, en el que se cerró un acuerdo con Turquía sobre los refugiados, tras lo cual la sesión no continuará con otras iniciativas de control, como pretendía la oposición.

Tras la comparecencia de Rajoy, el pleno debatirá y en su caso aprobará llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional por su negativa a someterse al control parlamentario, según el orden del día fijado esta mañana por la Junta de Portavoces de la Cámara.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que mantiene su posición de que el Gobierno en funciones no debe someterse al control de un parlamento que no le ha dado su confianza, mientras que el propio Rajoy ha dicho en Onda Cero que el control del Congreso a un Ejecutivo en funciones "no tiene ningún sentido" y que su comparecencia para hablar del acuerdo de la UE sobre refugiados es meramente "informativa".

Lo que no habrá ese día será sesión de control a los miembros del Gobierno, ya que no había consenso de todos los grupos parlamentarios en torno al reparto de los cupos de preguntas a los ministros. Según ha denunciado el PP, el PSOE y Podemos habían acordado un reparto sin consultar, ni con ellos ni con otras fuerzas parlamentarias.

Así las cosas, los grupos deberán consensuar ese reparto en los próximos días porque en la Junta de Portavoces del próximo martes se procederá a diseñar el Pleno de control al Gobierno, que no tendrá lugar al menos hasta el miércoles de la semana siguiente, es decir, el 13 de abril.

El presidente de la Cámara Baja, Patxi López, ha explicado que la Mesa del Congreso se regirá por el informe elaborado por los letrados del Congreso a la hora de calificar las diferentes preguntas de control que registren los grupos parlamentarios, al igual que ya hace con ls interrogantes por escrito. Según el citado informe, que los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron al inicio de la legislatura, la oposición no podrá interpelar al Ejecutivo sobre aquellos asuntos que excedan las competencias de un Gobierno en funciones.