El Gobierno en funciones aplicará nuevos recortes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este viernes tras el Consejo de Ministros que la Administración General del Estado "dejará de gastar 2.000 millones de euros" después de que el déficit de 2015 se situase en el 5%, superando la peor de las previsiones e incluso el límite de 4,5% marcado por Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

"Hemos incumplido todas las Administraciones, tanto la central como las autonómicas y algunas locales", ha asegurado Montoro.

A consecuencia de ese incumplimiento, el ministro ha anunciado que se tomarán medidas que contengan el gasto incluido en los presupuesto generales del 2016 y propicien una mayor "estabilidad presupuestaria".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que esta decisión responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que ha instado a España a tomar medidas para corregir la situación de déficit excesivo de España.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que se ajustará en gastos vinculados a operaciones del capítulo VIII, correspondiente a las relaciones financieras entre la UE y España y del que sale, entre otras cosas, el dinero destinado a la implantación del 'plan Juncker'.

Se espera que el recorte en esa área tenga un impacto en el déficit público por importe de 950 millones de euros, que afectará a los Ministerios de Economía, al de Industria y al de Fomento.

Para el resto del importe previsto se planteará un ajuste proporcional entre Ministerios en el resto de partidas en función de los créditos iniciales. Montoro ha insistido que no se verán afectados gastos como las partidas vinculadas a la Seguridad Social, al desempleo o a las becas, como tampoco a las transferencias a ADIF para gastos de mantenimiento.

Ha añadido que a partir del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes comenzará la negociación bilateral con las comunidades autónomas que se materializará en nuevos planes de ajuste y planes económico financieros con sendas viables de reducción del déficit público.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes un real decreto por el que se prorroga un año el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que contempla la ayuda de 426 euros mensuales para parados de larga duración con responsabilidades familiares, cuyo plazo expiraba este viernes.

La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, también ha informado de el Consejo ha aprobado mantener el programa de recualificación profesional de parados que agotan la prestación, conocido como programa Prepara, hasta que el paro no baje del 18%.

Báñez ha señalado que los potenciales beneficiaros de estas dos medidas asciende a 225.000 personas: 118.00 del plan especial de activación y 107.000 los estimados por la prórroga hasta el 18% del plan Prepara.

En relación a la ayuda de 426 euros, la ministra ha dicho que la ayuda que se puso en marcha el 15 de enero de 2015 se prorroga hasta el 15 abril de 2017.

A fecha 31 de marzo y según datos de Empleo, la ayuda, enmarcada en el Programa de Activación para el Empleo (PAE), benefició a 99.410 personas, de las que el 16% se han insertado en el mercado laboral. En total, el PAE atendió en este tiempo a 161.583 desempleados de larga duración.

Reunión con las comunidades

Por la noche, Montoro se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro ha anunciado que mantendrá reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para ayudarles a reducir el déficit y a "interpretar" las medidas impuestas, como la regla de gasto o la no disponibilidad de créditos.

En rueda de prensa al final del consejo ha reconocido que las comunidades también están comprometidas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por consolidar la recuperación económica y cumplir con los compromisos europeos.

Sin embargo, buena parte de las comunidades han salido decepcionadas de la reunión porque no han conseguido ninguna de sus pretensiones, como era un compromiso con la flexibilización de los plazos de déficit y con el reparto del mismo.

Las más críticas han sido las autonomías gobernadas por el PSOE, por ejemplo la valenciana, cuyo conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha considerado que el Gobierno en funciones "se encuentra absolutamente fuera de la realidad" por mantener "un desequilibrio" en la distribución del déficit para 2016.