La campaña electoral 'barata' se esfuma: la ley y el desacuerdo político lo impiden

Vista general del la plaza de toros de la localidad madrileña de Las Rozas, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagoniza el acto central de su partido.
Vista general del la plaza de toros de la localidad madrileña de Las Rozas, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagoniza el acto central de su partido.
EFE
Vista general del la plaza de toros de la localidad madrileña de Las Rozas, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagoniza el acto central de su partido.

No puede ser y, además, es imposible. A pesar de que el rey Felipe se interesó este lunes -durante la tercera ronda de contactos para formar Gobierno- por la propuesta de Unión del Pueblo Navarro para reducir los costes de la hipotética repetición electoral, la normativa vigente y la falta de acuerdo político impiden cualquier ahorro significativo a las arcas públicas.

El Estado español dedicó algo más de 177 millones de euros en la organización de las elecciones del pasado 20 de diciembre.

Los primeros 130,2 correspondieron a gastos estructurales: 12,5 en logística (papeletas, locales, campañas de incentivación al voto), 55,1 en costes imputables a las administraciones públicas (entre ellos, el despliegue de las fuerzas de seguridad), 48 en gastos de correo (voto a distancia, envío de propaganda), 12,8 en telecomunicaciones (escrutinio, difusión de datos) y 1,5 para imprevistos, de acuerdo a los datos difundidos por el ministerio del Interior.

Los restantes 47,7 se fueron en las subvenciones que reciben los partidos por cada escaño conseguido. Según los cálculos de 20minutos, el PP, la fuerza mayoritaria, se embolsó 17,4 millones; el PSOE 12,2 millones. Podemos y Ciudadanos consiguieron 9,4 y 3,6 millones, respectivamente.

Estas dos partidas son inamovibles. "No se puede reducir el gasto ni acortar la campaña. La Ley de Régimen Electoral General establece tanto las cantidades que reciben los partidos como la duración del proceso [15 días para pedir el voto y 54 días de plazo desde la firma del decreto de convocatoria hasta el día de la votación]. Podría modificarse, pero ya no queda tiempo material", explica a este diario Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III. "Ni si quiera se puede renunciar a la subvención por escaño. Otra cosa es que una formación decida donarla o destinarla a fines sociales", añade.

Alberto Garzón, candidato de IU, lo dejó claro tras su encuentro con el rey: "Hemos apoyado una campaña más austera, que nos permita dar un mensaje a la ciudadanía de que el fracaso de sus representantes no puede generar un sobrecoste a las arcas públicas, pero siempre salvaguardando las garantías democraticas. Hay dificultades técnicas".

'Mailing' y mítines

El Estado también sufraga el 100% de la publicidad que los candidatos envían al domicilio de los electores (el conocido como mailing electoral), siempre y cuando el partido obtenga grupo propio en el Congreso. Solo IU ha desvelado cuánto dedicó a este sistema en las elecciones del 20-D (1,9 millones de un total de 2,5).

Los partidos son reacios a prescindir de la visibilidad que proporciona la campañaPSOE y Ciudadanos se mostraron dispuestos a reducir esta subvención a principios de abril, pero ninguno ha dado un paso en ese sentido. "Los partidos tienden a hacer justo lo contrario, a gastar más. Hay votantes que no van a los mítines o no ven los debates en televisión. El mailing llega directamente a casa, por eso es tan importante", advierte Jorge F. Santiago Barnés, director del Centro de Gobierno Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela.

La reducción del presupuesto global que cada contendiente dedica a mítines y publicidad de campaña (cuñas, anuncios, vallas, banderolas y resto de la cartelería) tampoco está entre las prioridades de los partidos políticos, según los expertos. "Nadie va a ponerse en desventaja voluntaria respecto a sus adversarios si puede evitarlo. Por otra parte, el ciudadano tiene derecho a ser informado de las propuestas de los candidatos", reflexiona Pablo Simón. "No hay una relación directa entre el dinero gastado y los escaños conseguidos, pero es una inversión muy medida. Si se ahorra fondos en un canal, el partido los dedicará a otro", sentencia Barnés.

¿Quién gastó más?

El PP ha confirmado que gastó unos 12 millones de euros para sufragar la última campaña de Mariano Rajoy. El PSOE dedicó 9 millones, un 30% menos que en 2011. Podemos y sus confluencias (En Marea, En Comú Podem) invirtieron 3,6 millones obtenidos gracias a microcréditos, por los 4 de Ciudadanos. IU tuvo el menor presupuesto: 2,5 millones.

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