Las cinco comunidades gobernadas por el PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Murcia— aplicarán la evaluación final de Primaria según las previsiones de la Lomce. Por el contrario, las doce restantes han decidido no aplicar este curso la prueba final obligatoria común que regula la Lomce para todo el alumnado de sexto de Primaria, aunque la mayoría de ellas ha optado por una evaluación alternativa, como es el caso de las ocho gobernadas por el PSOE.

Se llevará a cabo en la primera quincena de junio y será una "evaluación individualizada" en Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, pues consideran que quien mejor puede llevar a cabo la tarea evaluadora es el profesorado de este alumnado, según ha informado la Junta de Andalucía. De esta manera, se podrán "conjugar" los principios de evaluación continua y la valoración del grado de adquisición de las competencias básicas sin llevar a cabo una prueba externa, según las autoridades andaluzas.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este jueves que cree "una buena cosa" que las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE hagan una evaluación final individualizada de Primaria, pero ha insistido, no obstante, en que "deben hacerla tal y como dice el decreto del 20 de noviembre", que regula las características de las pruebas, con todos los alumnos y con profesores externos.

Sin embargo, Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en un comunicado ha indicado que dichas comunidades harán finalmente una evaluación de sexto con los docentes de los centros educativos y no con personal externo como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Con este sistema, pretenden "minimizar los efectos más negativos de la ley".

Al igual que lo establecido por el Ministerio de Educación, estas comunidades comprobarán el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología y el logro de los objetivos de la etapa. Según han indicado, el diseño, aplicación y corrección de la evaluación corresponde a las administraciones educativas de las comunidades autónomas. Por ello, aportarán a los centros la información sobre los aspectos que deben tener en cuenta a la hora de realizar esta evaluación y emitir el informe del grado de adquisición de las competencias por el alumno que deben entregar a los padres o tutores legales.

La legislación estatal señala que la corrección de la evaluación final debe correr a cargo de docentes externos a los centros. Además, se niegan a efectuar la evaluación de la Lomce el País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias.

Fuentes del Gobierno navarro han indicado que, a finales de mayo, el alumnado de sexto de Primaria hará una prueba alternativa de diagnóstico para comprobar los conocimientos lingüísticos y científicos. Por su lado, fuentes de la consejería canaria han comentado que llevarán a cabo una prueba de diagnóstico estipulada en la ley autonómica de educación.

Hace unas semanas, la consejera vasca de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, reiteró que no habrá este año evaluación de sexto de Primaria en esta comunidad. Argumentó que los alumnos llevan únicamente un curso con el nuevo currículo escolar, así que la consejería trabaja aún en el diseño de la evaluación de sexto, que necesita un "pilotaje".

Cataluña, por su parte, ha aplicado este miércoles y jueves, por octavo año consecutivo, una evaluación propia basada en la ley autonómica de educación sobre competencias básicas de Primaria.

Preguntado por el anuncio de las comunidades socialistas, Méndez de Vigo ha lanzado un mensaje de tranquilidad para las familias y los docentes y ha afirmado que la evaluación de sexto de Primaria "lo que busca es ver si la educación que se está dando a los hijos es la correcta y si necesitan algún tipo de apoyo". "No es un examen que sea necesario para pasar a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ni da ningún título, simplemente es información, es orientación y lo hacen los países de nuestro entorno", ha agregado.

Asimismo, el ministro de Educación en funciones ha asegurado que ha sido "muy flexible" en la aplicación de la ley y ha recordado que no habrá clasificaciones o ránkings de centros con los resultados de las evaluaciones, atendiendo a la reclamación de la mayoría de las comunidades. También, ha indicado que "si es necesario que los profesores de un determinado colegio ayuden, pues es lógico que lo hagan".

Por último, ha insistido en que "lo importante" es que esa evaluación, de la que cree que "la van a hacer todos porque es importante que la hagan", sirva para "diagnosticar si la calidad del sistema educativo español es la correcta y sobre todo para apoyar aquellos niños que lo necesiten" pero "no afectará a su calificación final ni a su promoción".