Este miércoles arranca en algunas de las comunidades gobernadas por el PP —entre ellas Madrid— la prueba de evaluación de sexto de primaria prevista por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Su implantación ha creado polémica: varias autonomías, profesores o asociaciones de padres y madres de alumnos se han rebelado contra su realización por considerarla "antipedagógica".

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la enseñanza pública, pidió a las familias con hijos en edad escolar que no cumplimenten los cuestionarios de contexto diseñados por el Ministerio de Educación y complementarios a la evaluación de sexto de Primaria, la llamada 'reválida'. En ellos, a los alumnos se les pregunta su opinión sobre cómo se da la clase, el tiempo que dedican a estudiar o cuántos días faltan; y a los padres, sobre su nivel académico, su trabajo o cuántos libros tienen en casa. Además lanzaron una petición a las familias para que no lleven a sus hijos al centro el día de la prueba.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) en Madrid anunció el martes que ha denunciado dichos cuestionarios porque consideran que con su realización podría vulnerarse el derecho a la intimidad o los derechos del Menor y de la Infancia. El sindicato además cree que estas pruebas son "antipedagógicas", que "carecen de rigor técnico y científico" y que "son una muestra más de la desconfianza hacia el profesorado por parte de las Administraciones Educativas".

Doce de la 19 autonomías españolas se han negado a realizar la evaluación siguiendo los criterios exigidos por la Lomce y han establecido sus propias exigencias. En consecuencia, solo las cinco comunidades en las que gobierna el Partido Popular y Ceuta y Melilla someterán a los alumnos de sexto a una prueba de ley.

El examen está compuesto por una serie de evaluaciones de diagnóstico que pretenden averiguar el grado de dominio por parte del alumno de determinadas destrezas, capacidades y habilidades, tanto en comunicación lingüística como en habilidad matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología.

El Gobierno de España ha sido el encargado de establecer los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas para asegurar unos criterios comunes en las comunidades en las que se aplique y las Administraciones Educativas serán las encargadas de elaborar las pruebas, que será corregidas por profesorado externo a cada centro educativo.

Una vez corregidos dichos exámenes, se elaborará un informe donde el resultado se expresará con Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente. Estos informes se entregarán a los padres y a los profesores. Además, forma parte de esta evaluación la cumplimentación de cuestionarios de contexto por el alumnado, familias y dirección del centro.

Según el Marco General de la evaluación final de Educación Primaria el objetivo principal de su realización es ofrecer un informe individualizado a cada uno de los alumnos y alumnas, sobre su progreso en el grado de adquisición de las competencias. Además, trata de aportar información objetiva a las familias, centros y administración educativa sobre su progreso y permitir el análisis de los resultados.

Facilitar la transición entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y orientar e informar sobre la situación del alumnado en relación con su progresión en los aprendizajes también son algunas de sus funciones. Los resultados representan un complemento a los datos generales de los alumnos, lo cual facilitará el establecimiento de medidas de mejora por parte de equipos docentes, directivos, Inspección y administración educativa.

En un principio, está previsto que las pruebas consten de unas 200 preguntas. Según el Marco General, como mínimo habrá un 40% de preguntas tipo test, y un 20% de respuesta construida, semiconstruida y abiertas. Cada competencia tendrá asignadas entre 35 y 50 preguntas. Para la evaluación oral, se realizarán pequeñas entrevistas individuales, en parejas o en grupos pequeños.

El peso de la nota será el siguiente: la comprensión y expresión oral compondrá un 35% de la calificación final y la comprensión y expresión escrita el 65% restante. Además, en la prueba de inglés la parte oral cuenta un 40% y la parte escrita un 60%.

Solamente las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular —Madrid, La Rioja, Murcia, Castilla y León y Galicia—, van a poner en marcha las evaluaciones con arreglo al decreto del Gobierno del pasado 20 de noviembre, que regula las características de estas pruebas.

Por el contrario, las ocho comunidades en las que gobierna el PSOE —Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha— realizarán una prueba "individualizada" que se adapete a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, evaluada por los docentes de los centros educativos y no por personal externo como establece la Ley.

Por su parte, Canarias, Navarra, Cataluña y el País Vasco han decidido no efectuar dicha evaluación pero sí realizar una prueba alternativa de diagnóstico para comprobar los conocimientos lingüísticos y científicos de los alumnos según la legislación propia de cada autonomía.

Diferentes Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos rechazan la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa por diversos motivos, destacando por encima de todos ellos que "no se trata de pruebas de competencias". El presidente de la Ceapa, José Luis Pazos explica a 20minutos que, bajo el punto de vista de los padres, "lo que la Lomce propone es un contexto en el que etiquetan al alumno para sacarlo de un entorno común" y además, entre las familias "genera rechazo el cuestionario de contexto" adicional, propuesto por el Gobierno.

El miedo a que los resultados de las pruebas puedan utilizarse para hacer clasificaciones entre los centros educativos españoles sobrevuela el ambiente a pesar de que desde el Ministerio de Educación han descartado dicho uso. "Es muy difícil creer cuando nos hemos pasado cuatro años con una mentira tras otra", declara Pazos, que añade que "si cambiaran las personas podrían cambiar los modos de actuar", pero "el gobierno sigue siendo el mismo".

En este sentido, Valentín Martinez Otero, psicólogo y pedagogo de la Facultad de Eduación Complutense, detalla que la inquietud que el modo de evaluación levanta entre los diferentes colectivos es debido a que finalmente "los resultados puedan tener una consecuencia negativa tanto para alumnos como para el profesorado". Por su parte, Otero manifiesta que, desde el punto de vista psicopedagógico, "todo lo que sea para orientar y mejorar es bienvenido" siempre y cuando se promueva "la máxima calidad educativa y afiance los buenos resultados".