El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por "responsabilidad contable" al causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

Ambos dirigentes han sido condenados junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria, que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón. Entre todos tendrán que pagar de forma solidaria la cantidad mencionada.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Consistorio, el alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

Además, según el mismo órgano, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

El PP ya ha avanzado su intención de recurrir esta sentencia. El juicio por este alquiler se celebró el pasado 11 de abril en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. En este procedimiento la Fiscalía no formuló demanda al no apreciar responsabilidad contable en el alquiler de un local que el gobierno municipal dirigido por Alonso firmó por 20 años para albergar unas oficinas del consistorio.

Una posición contraria a la que han mantenido en la causa el actual gobierno municipal, así como el PSE-EE y el PNV, que han ejercido la acusación y han argumentado que existía una "responsabilidad contable" del entonces equipo local, en el que Maroto era el concejal de Hacienda, al entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe técnico municipal.

El órgano fiscalizador también dice que el "daño" ocasionado al Ayuntamiento fue "real y efectivo" y considera que los demandados incurrieron en una "negligencia grave" y "relevante" para atribuirles una responsabilidad contable. Asimismo, fija en 393.862 euros el "menoscabo" ocasionado a las arcas públicas por los pagos "excesivos por rentas, actualizaciones y gastos de comunidad".

El Tribunal de Cuentas reconoce que el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno pero matiza que una cosa es que no exista un deber legal para ajustar el contenido del contrato a sus conclusiones y "otra bien distinta" es "separarse" de dichas recomendaciones para "incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento" sin una "justificación adecuada y suficiente".