El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha denunciado en su informe final del juicio Nóos que la instrucción del caso, llevada a cabo por el juez José Castro, incluyó "malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos" y construyó un "andamiaje sobre sospechas" que se llevó el "aplauso mediático". Todo en relación con la imputación y acusación a la infanta Cristina de Borbón.

El fiscal se ha referido, entre otras cosas, a "mareas mediáticas predominantes", "juicios paralelos" y "penas de telediario", como la que, a su juicio, se produjo cuando el tribunal permitió a la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, enunciar las preguntas que tenía preparadas para la infanta y que ella, haciendo uso de "su derecho", había decidido no responder.

Así lo ha puesto de manifiesto al inicio de su exposición, que ha durado unas cuatro horas. Después, avanzada la intervención, ha llegado a citar a Émile Zola y su famoso Yo acuso para expresar —"¡Cuanta vaciedad!"— que todo lo que hizo la infanta, desde pasar una vez por la sede de Nóos hasta constituir una sociedad junto a su marido, es considerado por algunos como un "crimen".

"Cristina de Borbón es infanta de España, crimen. Es licenciada en Ciencias Políticas y Trabaja en la Caixa, crimen. En los registros domiciliarios no se hallan papeles comprometedores, crimen. En una ocasión visitó la sede del Instituto Nóos para recoger a su marido, crimen. Constituyó una sociedad junto a su cónyuge, crimen. Ni un solo testigo habla en su contra, crimen. No se turba ante las preguntas del instructor, crimen. Todo crimen, siempre crimen", ha proclamado.

La acusación de Manos Limpias, ha añadido, supone dos años de tiempo perdido porque "era y es una sospecha infundada" que el fiscal considera "desquiciada por algunos medios de comunicación". El escrito del pseudosindicato, sostiene el fiscal anticorrupción, adolece de una saturación de "elementos ornamentales" y todo ello le provoca "asombro".

Además, ha insistido, "la conducta que se atribuye a doña Cristina de Borbón no constituye infracción penal alguna", porque "el principio de legalidad impide que un hecho que no es ilícito en el ámbito administrativo se convierta en ilícito penal cuando se traslada al procedimiento penal".

Los acusados no tenían la obligación de estar presentes en esta jornada, aunque hay dos que sí han acudido a la sala, los mismos que los han hecho durante todo el juicio: Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, y Miguel Ángel Bonet, el exasesor legal de la empresa pública Ibatur.

Precisamente, Horrach ha sido muy duro con Torres y con Urdangarin. Sobre el primero ha destacado cómo con su "verbo fácil" ha intentado dar una "apariencia" a los hechos que no es la real; a Urdangarin le ha achacado haber actuado "en connivencia" con su socio, ser un "gancho" y "desvincularse" durante el juicio de esos mismos hechos, descargando la responsabilidad en otras personas, entre ellas, asesores de la Casa del Rey.

Horrach ha dicho que "ni Ana María Tejeiro ni Cristina de Borbón" tenían responsabilidades ni capacidad de decisión en el Instituto Nóos —ha añadido a Miguel Tejeiro y a Carlos García Revenga— y que Torres ha dosificado las pruebas documentales durante el proceso para rebatir a aquellos testigos que no decían lo que él esperaba.

Urdangarin, según Horrach, se refirió en la instrucción a Torres "como cerebro" y en la vista oral ha "cambiado de criterio" y ha señalado a otras personas de forma "incoherente". La prueba de que Urdangarin tuvo un papel "activo" en el grupo Nóos, dice el fiscal, es que estaba "autorizado en cuentas, firmaba cheques, contrataba y despedía trabajadores, compró tres pisos, suscribió convenios...".

Torres y Urdangarin eran, ha explicado, las dos personas que controlaban Nóos y el primero tenía "pleno conocimiento" de lo que allí pasaba, el que tomaba todas las decisiones, el que controlaba todo "hasta el mínimo detalle". Según Horrach, toda la documentación que ha aportado Torres a la causa para defender su versión de los hechos ha servido "para lo contrario".

Sobre el Instituto Nóos, el fiscal ha afirmado que adolecía de una "inexistencia de actividad asociativa" y también de una estructura asociativa -"el papel no aguanta todo, la realidad no"-. Asimismo, se presentaba "como una especie de ONG que se apoya en el señor Urdangarin" por su peso como figura pública, dada su condición de esposo de la infanta Cristina, ha recalcado el fiscal.

Horrach ha relatado que Urdangarin ha intentado tapar su responsabilidad en la trama para "drenar fondos públicos" que creó junto a Torres "presentándose bajo la apariencia de una figura decorativa".  Según Horrach, los socios se repartieron los "excedentes" y "vaciaron patrimonialmente" la asociación, que cobró 6,5 millones de instituciones públicas.

El fiscal ha expuesto decenas de pruebas que, a su juicio, ponen de manifiesto la falsedad del "control total y absoluto de asesores de la Casa Real" que los acusados han pretendido demostrar en su defensa y ha incidido en que los testigos han puesto de manifiesto que "había dos jefes, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, y todos los demás eran indios en una pradera".

El análisis de las entidades vinculadas al grupo Nóos pone de relieve esta circunstancia, según Horrach, que ha negado la supuesta especialización de cada sociedad en un tipo específico de consultoría. Sobre Aizoon, la empresa que comparten al 50% la infanta y su marido, Horrach ha dicho que carece de trabajadores porque o bien son empleados ficticios o pertenecen al servicio doméstico, o sólo desarrollan actividades para Nóos.

Ha destacado la facturación cruzada entre todas las entidades y el uso de facturas falsas, con la doble finalidad de obtener beneficios fiscales al aumentar el gasto de cada sociedad y al mismo tiempo "ocultar" el drenaje de los fondos públicos. Según Horrach, durante el juicio se han detectado 21 empleados ficticios, de los que sólo 3 niegan serlo.

Al inicio de su intervención, el fiscal ha recalcado que ni el tribunal ni la fiscalía en este caso requieren blindar su independencia porque ya la tienen. Pero ha advertido de que "una cosa es que el juez deba abstraerse de todo ello y otra muy distinta que lo consiga"; y ha añadido que "si de algo adolecen algunas de la decisiones judiciales que se han adoptado en este procedimiento en la fase de instrucción es precisamente de su condicionamiento mediático".

Horrach ha alertado de que no son compatibles con dicho rigor jurídico "las insinuaciones que realizan algunas de la partes de este procedimiento sobre 'cloacas del Estado' fruto de la demagogia y del lucrativo mercado de las confabulaciones, porque evidencias no aportan ninguna, solo conjeturas y rumores".

Ha reprochado las críticas realizadas por Manos Limpias contra la Agencia Tributaria, en su ejercicio de la acusación popular, que considera "un evidente abuso de derecho", así como "denigrantes" o "directamente calumniosas y sin apoyo fáctico alguno".

También ha recriminado a la sección segunda de la Audiencia de Palma que creara una figura inexistente en el sistema procesal español, "una suspensión de la imputación", la referida a la infanta. "La suspensión de la imputación implica de forma directa abanderar una expedición de pesca, una prospección proscrita en el derecho penal. La consecuencia es que la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución", ha dicho.

La presidenta del tribunal ha avanzado nada más comenzar la sesión que, si los tiempos se respetan, el juicio podría darse por terminado el próximo dia 22 de junio.