El accidente de metro más grave en la historia de España, el que conmocionó Valencia con 43 muertos y 47 heridos, cumple este domingo una década inmerso en una controvertida investigación judicial, un continuo cruce político de acusaciones y el dolor e incompresión de las víctimas.

Aquel 3 de julio de 2006, a solo cinco días de que el papa Benedicto XVI aterrizara por primera vez en España para clausurar en Valencia el Encuentro Mundial de las Familias (EMF), un convoy de la línea 1, la más obsoleta de la red metropolitana, descarriló en la curva previa a la estación de Jesús. Eran las 13.03 horas y en los andenes esperaban su llegada unas 150 personas.

El vuelco fue brutal y convirtió los vagones de la unidad y sus ventanales en una trampa mortal para los pasajeros, a treinta de los cuales se les daba ya por muertos a las dos horas del siniestro. El maquinista estaba herido y las autoridades confiaban en que explicara qué había ocurrido, pero murió poco después.

La investigación determinó que el convoy circulaba a 80 km/h (el doble de lo permitido) y una primera conclusión apuntó al conductor como único responsable de la tragedia, posiblemente a causa de un desvanecimiento.

Treinta de los 41 muertos de ese día —dos heridos murieron días más tarde— eran mujeres y dieciséis de las víctimas residían en Torrent, un municipio cercano a Valencia y destino final de uno de los ramales de la línea 1.

El Juzgado número 21 se hizo cargo del caso y con él sigue. Desde entonces ha tomado decisiones que no han satisfecho a la Fiscalía ni a la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) ni a los partidos entonces en la oposición, mientras que el PP, en el poder cuando sucedieron los hechos y hasta 2015, se ha aferrado a ellas para justificar su actitud, de respeto a las víctimas pero sin buscar más responsables más allá del conductor y su excesiva velocidad.

En 2007, ese juzgado archivó la causa con dos conclusiones: la responsabilidad penal quedó extinguida con la muerte del conductor y el exceso de velocidad, sin ningún fallo técnico añadido, fue el motivo determinante del descarrilamiento y posterior vuelco.

Tuvieron que pasar siete años para que ese juzgado, obligado por la Audiencia, reabriera el caso y practicara nuevas diligencias que han desembocado en nuevas investigaciones (antes imputaciones) de ex altos cargos públicos de la época ante el riesgo de que prescriban los posibles delitos.

Es uno de los "triunfos" a los que se aferra la AVM3J para intentar aliviar su dolor y enterrar la incomprensión que, censuran, han recibido durante nueve años por parte del juzgado y de las autoridades del PP, personalizadas en los expresidentes valencianos Francisco Camps y Alberto Fabra.

Cada día 3, mes a mes, la asociación se ha concentrado —durante muchos años con discreta afluencia y escaso eco nacional— en la céntrica plaza de la Virgen para recordar a sus familiares y exigir responsabilidades por un accidente que podía haberse evitado, defienden, con mayores medidas de seguridad, como una baliza de frenado que no se instaló en la fatídica curva hasta dos meses después del siniestro.

La estación de metro —ante la que rezó el papa nada más llegar a Valencia— recuperará ahora su nombre original después de que en 2010 la Generalitat lo cambiara por el de Joaquín Sorolla —denominación de la cercana estación del AVE— y, dos años después, de Joaquín Sorolla-Jesús en un intento por suavizar el rechazo social de aquella decisión.

En Les Corts, una nueva comisión ha reabierto la investigación parlamentaria que se cerró en apenas tres semanas aquel verano de 2006. PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos concluyen ahora, tras escuchar a ex altos cargos, peritos, periodistas y víctimas, que la línea 1 no era segura y señalan como responsables políticos a Camps y al exconseller Juan Cotino, entre otros.

También apuntan a una gestión política "negligente, interesadamente apresurada y opaca" del accidente y a una manipulación informativa por parte de Radiotelevisión Valenciana que ofreció "información sesgada" y se sometió a los intereses del PP.

La cara más visible de las víctimas, Beatriz Garrote, fue entrevistada en Canal 9 el día que la Generalitat suspendió las emisiones. Entró por una ventana ayudada por trabajadores de RTVV, que simbolizaron en ella la censura que habían sufrido desde 2006 a la hora de abordar una tragedia que, 3.653 días después, sigue sin cicatrizar.