El Gobierno de Mariano Rajoy se ha valido de una argucia legal para evitar que los 'hachazos' que viene dando a la conocida como 'hucha de las pensiones' para pagar a los jubilados españoles le restasen votos en las dos últimas citas electorales.

La ley 28/2003 reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social imponía, en su artículo cuarto, la "autorización previa" del Consejo de Ministros para cualquier operación que tenga que ver con la financiación de las prestaciones contributivas por esta vía.

El Ejecutivo, sin embargo, se autorizó a sí mismo a disponer de este depósito de emergencia "a medida que surjan las necesidades" mediante la disposición décima de los presupuestos generales de 2015, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2014.

Este truco tiene un doble efecto. El primero es que evita que el uso del Fondo de Reserva se discuta en el Consejo de Ministros, cuyas decisiones son públicas y se sustancian en un documento conocido como 'referencia'. El Ministerio de Empleo confirmó a 20minutos que esta cuestión no pasa por el órgano colegiado, que se suele reunir los viernes. En su lugar, son los enviados de Empleo, Economía y Hacienda, responsables de la gestión, quienes acuerdan la necesidad de recurrir al Fondo en las comisiones de gestión y seguimiento del mismo, donde todos están representados.

El segundo efecto es que el Gobierno puede divulgar la información cuando mejor convenga a sus intereses.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos advirtió el 2 de diciembre de 2015 de que la Tesorería necesitaba alrededor de 7.700 millones para cubrir las pagas ordinaria y extraordinaria de Navidad. El Gobierno se negó a confirmar la cifra hasta un mes después de las elecciones del 20-D: el 29 de enero de 2016, la ministra de Empleo, Fátima Bañez, reveló durante la presentación de su informe trimestral que la cantidad que había sacado de la 'hucha de las pensiones' se había elevado hasta los 9.500 millones.

El último golpe al fondo se conoció cinco días después del 26-J, en la tarde-noche del viernes 1 de julio, en pleno arranque de la operación salida de las vacaciones de verano y a través de una nota de prensa. En ella, el departamento de Báñez anunciaba la utilización de otros 8.700 millones para abonar la paga de julio y la extraordinaria de verano.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, había comparecido por la mañana ante los medios después del Consejo de Ministros para explicar los asuntos del día. Durante su intervención, de ocho minutos, no mencionó el Fondo de Reserva, que, tras la última retirada de fondos, se queda en 25.176 millones de euros, la cifra más baja desde que se creó en 1996.

El PP defiende que ha invertido el montante restante hasta los 66.815  millones disponibles cuando accedió al Gobierno en "garantizar" las pensiones en época de recesión.