Pablo Iglesias exige al Gobierno medidas para fomentar el consumo de carbón autóctono

Este encuentro, en el que también han participado el diputado y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, la diputada por León, Ana Marcello, y los asturianos Sofía Castañón y Segundo González, da continuidad a la reunión que estos mismos parlamentarios mantuvieron con Astur Leonesa en Cerredo el pasado viernes.

Según ha afirmado Iglesias a su llegada a la reunión, la labor de Podemos es precisamente "trasladar las reivindicaciones de la sociedad civil" a las instituciones, en este caso, la problemática que afecta al sector minero. "La búsqueda de una solución tiene que hacerse a partir del diálogo y de la defensa de los derechos de los trabajadores", ha apostillado.

CONTRA EL CARBÓN DE IMPORTACIÓN, "MANCHADO DE SANGRE"

En esta misma línea, Mayoral ha asegurado que si están en las instituciones, es "para ser útiles" y, en este caso, para dejar claro que tienen "una posición contundente frente al carbón de importación".

"Creemos que tiene que haber mano dura contra el carbón de importación porque es la única fórmula para poder garantizar los puestos de trabajo y obligar a Endesa y el resto de eléctricas a que empiecen a comprar carbón nacional y dejen de comprar el carbón manchado de sangre que es el de importación", ha sentenciado.

El portavoz del comité de empresa de la Astur Leonesa, Juan Carlos Vega, ha explicado que "la excusa" de la central térmica de Compostilla para no quemar carbón nacional era su precio, si bien "no sirve para desbloquear la situación", ya que la minera "ha ofrecido el suministro de carbón al mismo precio que el internacional, incluso más bajo".

Tras la reunión los trabajadores de la empresa Astur Leonesa, acompañados por los diputados de Podemos, han presentado en el Registro del Congreso de los Diputados dos preguntas parlamentarias por las que instan al Gobierno central a proponer nuevas medidas que fomenten el consumo de carbón autóctono, así como responder por el incumplimiento del Marco de actuación 2013-2018 configurado como instrumento de planificación de las políticas públicas de ordenación del sector y promoción de una alternativa a las zonas mineras.