"Ya se fue de la política. Es un funcionario y, como tal, ha participado en un concurso. El concurso se ha resuelto. No veo más que lo que me parece obvio". Mariano Rajoy trató de justificar el lunes con estas palabras la designación de José Manuel Soria como candidato al puesto de director ejecutivo que a España le corresponde designar este año en el Banco Mundial.

A pesar de que ese "concurso" es, en realidad, una elección directa realizada por una comisión de evaluación de corte político (la misma que determina qué personas defenderán los intereses nacionales ante el Fondo Monetario Internacional o el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), el presidente del Gobierno en funciones se esforzó por defender una práctica, la de la recolocación, que es habitual en las Administraciones Públicas españolas.

Este mismo martes, Soria ha renunciado al puesto a petición del Gobierno y por la por la "desproporcionada" utilización política que se ha hecho de su designación.

A Soria, que dimitió como ministro de Industria Energía y Turismo por mentir acerca de su participación en empresas radicadas en paraísos fiscales -como demostró la investigación de los Papeles de Panamá- le han precedido otros ex altos cargos que, una vez finalizada su andadura política, logran acomodo en instituciones, embajadas, organismos de representación o empresas vinculadas al Estado de forma directa.

Sus casos son distintos a los de las conocidas como 'puertas giratorias', donde los beneficiarios pasan del sector público al privado, pero sus nombres son igual de conocidos. He aquí algunos de ellos.

Rita Barberá precedió a José Manuel Soria en la carrera por alcanzar un retiro ventajoso. El PP la hizo senadora por designación autonómica, a razón de 2.800 euros de sueldo base al mes, en julio de 2015. Dos meses antes había anunciado que dejaba el Ayuntamiento de Valencia, que había gobernado de forma ininterrumpida durante 24 años. Absuelta del 'caso Gürtel', donde eludió su imputación por recibir regalos de la trama, y tras declarar en el caso Nóos por las adjudicaciones a Iñaki Urdangarin, la política se enfrenta a la investigación por posible financiación ilegal del PP municipal en la operación Taula.

Junto a ella se sientan, en la Cámara Alta, otros veteranos al final de su carrera política, como los expresidentes autonómicos Joan Lerma (PSOE), Marcelino Iglesias (PSOE), Juan José Lucas (PP), Pedro Sanz (PP) y Luisa Fernanda Rudi (PP); u otros que no encontraron acomodo tras alcanzar la regencia autonómica, como es el caso de Francesc Antich (PSOE), Alberto Fabra (PP) o José Ramón Bauzá (PP).

José Ignacio Wert desembarcó en París casi al mismo tiempo que Barberá asumía sus nuevas obligaciones. El Ejecutivo jubiló de la primera línea al ministro peor valorado del gabinete de Rajoy (obtuvo un 1,5 sobre 10 en los sondeos del CIS y llegó a decir que quería "españolizar" a los niños catalanes) enviándole como embajador ante la OCDE con 10.000 euros de salario mensual y derecho a un apartamento de lujo en la capital gala. Allí residía su pareja, Montserrat Gomendio, que ocupó una secretaría de Estado en el departamento dirigido por Wert antes de fichar por la misma OCDE.

Rajoy propuso a Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea en 2014. En ese momento ya se había hecho público que participaba en las petroleras Petrologis y Dúcar mientras era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En los últimos meses ha tenido que dar explicaciones ante las autoridades europeas por la corrupción en la empresa pública Aquamed y por los beneficios que su mujer obtuvo al acogerse a la amnistía fiscal, como desveló la investigación de los Papeles de Panamá.

Federico Trillo vio premiado su trabajo como responsable de los servicios jurídicos de Génova con su designación como embajador en Reino Unido en 2012. El Gobierno le eligió a pesar de ser el responsable de Defensa durante el accidente del avión Yakovlev-42 en 2003, en el que murieron 62 militares españoles y que implicó la condena de tres de mandos por falsificar la identificación de 30 de los cadáveres.

Las recolocaciones no afectan solo al PP. El segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aupó hasta la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Magdalena Álvarez en 2010. La que fuera ministra de Fomento llegó a decir que Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, solo podría estar presente en la inauguración de la conexión del AVE con la terminal 4 de Barajas "tumbada en la vía o colgada de la catenaria". En 2009, la oposición pidió su dimisión por la gestión de una nevada que paralizó el aeropuerto de la capital. Álvarez abandonó el BEI en 2014, tras ser imputada en el caso de los ERE. Sus emolumentos rondaban los 22.000 euros mensuales.

José Montilla dimitió como líder de los socialistas de Cataluña en diciembre de 2010, después de cosechar el peor resultado de la historia de su partido en las urnas: 28 escaños. El fracaso del convulso gobierno tripartito que encabezó junto a ERC e ICV no le impidió volver a un sillón público justo un año después, cuando el PSC le propuso como senador por designación autonómica.

El de José Folgado también fue un camino de ida y vuelta. Este economista afiliado al PP y asesor de Esperanza Aguirre ocupó distintos cargos entre 1996 y 2007 en los ministerios de Economía y Hacienda. Entre 2007 y 2012 ostentó la alcaldía de Tres Cantos, donde adjudicó contratos por valor de 85.000 euros al bufete Equipo Económico, vinculado a su compañero Cristóbal Montoro. Desde 2012 preside Red Eléctrica de España, empresa público-privada de la que el Estado mantiene el 20% de las acciones.

El de Josep Antoni Rosell, miembro de la antigua Convergència Democràtica (CDC), es un caso llamativo. La empresa pública Infraestructures de Catalunya le apartó de la Dirección General de la compañía en octubre de 2015 después de ser detenido en la operación Petrum por el presunto cobro de comisiones ilegales en CDC. El Gobierno en funciones de Artur Mas le recolocó en el área de expansión internacional, pero Oriol Junqueras (ERC) rescindió su contrato a comienzos de 2016 por pérdida de confianza.