Cualquier outlook de demografía matiza que sus datos no son previsiones, sino proyecciones basadas en una foto fija. Si cambia el escenario, hay que ajustarlas. El INE, en sus Proyecciones de Población publicadas a finales de 2012, arranca con la siguiente coletilla: "Si se mantienen en un futuro las actuales tendencias demográficas...".

Por esto motivo, las previsiones son modificadas y rara vez aciertan en el detalle. El documento referido del Instituto de Estadística de 2012, Proyecciones de población a largo plazo 2012-2052, es la Biblia de las previsiones sobre la evolución de la población española para los próximos dos decenios.

Sin embargo, cada dos años (tocó a a principios de 2016) el INE rehace las previsiones de población. Según la última revisión, en 2016 España tenía una población de 46,44 millones de personas, para 2031 se reducirá a 45,88 y en 2066 a 41,07 millones. Estos datos suponen una cierta suavización respecto a las cifras de 2012, cuando el INE preveía que en el año 2030 la caída iba a ser algo mayor, hasta situarse en 44 millones, 1,5 menos que tras la revisión de 2016.

Al margen de variaciones en las cifras, la tendencia es indiscutible. El INE hace unas proyecciones desalentadoras hasta 2050: se mantendrá una natalidad baja, aunque en incremento (la tasa de fecundidad subiría de 1,34 hijos por mujer a 1,56); aumentará la esperanza de vida entre seis y ocho años (90 para las mujeres y 87 para los hombres) y se agudizará la disparidad regional significativamente.

La consecuencia es que la población tenderá a disminuir siguiendo la estela europea. Los cálculos de Estadística actualizados a 2016 apuntan a que en 40 años España perderá cerca de 5,4 millones de habitantes.

Pero si la pérdida de población es palmaria, mucho más el envejecimiento. Tras la revisión de 2016, el INE pronostica que los mayores de 65 años supondrán el 25,6% del total de población en 2031 y un 34,6% en el año 2066. Lo cual supone un problema inmediato para el sistema público de pensiones.

Si el envejecimiento es una evidencia, las proyecciones sobre el empleo futuro no son ciertamente más halagüeñas.

Según el INE, la proyección de la población activa (en edad de trabajar, lo cual no supone que tendrán trabajo si la tasa de desempleo no se reduce) establece que en 2015 por cada jubilado había cuatro trabajadores activos (trabajando algo más de tres); para 2039 la relación de activos por pasivo se reducirá a 2,1 y en 2064 a 1,4.

Esto pone en riesgo las pensiones del futuro, pues el sistema actual establece que los trabajadores son los responsables de pagar las pensiones de ese momento.

Por tanto, la ecuación es peligrosa, ya que habrá más jubilados cobrando pensiones y menos trabajadores para pagarlas. Es la mitad del problema. A esto hay que añadir que la esperanza de vida está subiendo, por lo que no solo habrá más pensionistas, sino que además cobrarán durante más años.

El sistema está en revisión. En los 90, se creó el Pacto de Toledo formado por todas las fuerzas políticas para analizar la viabilidad del sistema. Recientemente se ha vuelto a convocar de urgencia y se pretende que en cinco meses, la Comisión del citado pacto presente un informe con medidas para garantizar el cobro de la jubilación de las próximas cohortes que cumplan los 65-67 años.

José A. Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales y uno de los mayores expertos de pensiones, no cree que la solución sea demográfica. "No se trata de que nazcan más niños y vengan más inmigrantes para pagar las pensiones. Estos crearán derechos y habrá que pagarles en un sistema piramidal. La solución es ir capitalizando el ahorro y que la gente empiece ya con sistemas individuales".