Las autoridades de China ejecutaron este martes a Jia Jinglong, un campesino del norte del país cuyo caso ha movilizado a muchos sectores de la sociedad del país contra la pena de muerte y el funcionamiento del sistema judicial.

La agencia oficial Xinhua informa de la ejecución de Jia en una nota inusual, pues China, el país con más ejecuciones del mundo según las ONG en defensa de los derechos humanos, no suele publicar información sobre estos casos.

El Tribunal Municipal Intermedio de la ciudad de Shijiazhuang ejecutó la orden dictada por el Supremo y Jia, de 29 años, falleció poco después de reunirse por última vez con sus familiares, publica el medio oficial.

El campesino fue condenado por homicidio intencionado tras matar al alcalde de su municipio con una pistola de clavos modificada, después de que éste ordenara la demolición de su vivienda de manera forzosa.

Jia había estado renovando cada detalle de la vivienda para comenzar una vida allí con su futura esposa, con la que se iba a casar 18 días después de que ocurriera la demolición.

Un grupo de obreros apareció en su casa y comenzó a tirarla abajo mientras él estaba dentro, a lo que Jia opuso resistencia y acabó siendo agredido sin poder evitar que el inmueble terminara hecho escombros con todo lo que tenía dentro.

Tras lo ocurrido, el campesino comenzó a pedir una compensación, pero el trámite acabó dos años después sin haber conseguido nada que considerara justo y sin esposa —que le dejó tras el incidente—, por lo que decidió modificar una pistola de clavos y matar al alcalde.

A diferencia de otros casos similares, el de Jia acabó movilizando a la sociedad y prominentes abogados y expertos legales pidieron que se revisara la condena y se consideraran algunos atenuantes, como la voluntad del campesino por admitir el delito y los interrogantes legales de la decisión tomada por el alcalde.

Incluso los medios oficiales, como el diario Global Times, se han hecho eco de las llamadas para salvar a Jia. Este lunes ese rotativo publicaba que el gremio de abogados y otros expertos legales habían enviado una carta al Tribunal Supremo para pedir que no se llevara a cabo la ejecución.

"El veredicto del Tribunal Supremo sobre el caso de Jia Jinglong viola los estándares para la pena capital en el país y va contra la política de utilizar la pena de muerte con cautela... Pedimos la rescisión de la sentencia a muerte y la revisión del caso", urgía la misiva firmada por doce abogados y reconocidos catedráticos de Derecho.

La situación que vivió Jia se repite en muchos puntos del país: las demoliciones forzosas son una de las causas principales de las protestas en China debido, según grupos en defensa de los derechos humanos, a decisiones arbitrarias y a la rampante corrupción.