Un informe elaborado por Economics for Energy, una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro que tiene como socios a las principales multinacionales energéticas como Gas Natural o Iberdrola, ya alertaba que entre 2007 y 2013 el índice de pobreza energética en España se había multiplicado por tres, hasta alcalzar 1 de cada 10 hogares. La causa: el aumento de la brecha entre rentas altas y bajas durante la crisis o el aumento de los precios de la factura eléctrica y la del gas.

Pedro Linares, profesor e investigador de la Escuela Técnica Superior Ingeniería de la Universidad Comillas ICAI es coautor de este estudio titulado Pobreza Energética en España: Análisis Económico y Propuestas de Actuación.

¿Es el de Rosa un caso representativo de pobreza energética?

Cuando no puedes pagar unos gastos energéticos mínimos se considera pobreza energética, que es un componente, en casi todos los casos, de la pobreza general. El caso de Rosa es el extremo del drama, pero hay mucha gente, entre el 8 y 10% de los hogares, que sin llegar a morir tiene a los hijos con dos jerséis en casa porque no puede poner la calefacción.

¿Se ha incrementado la pobreza energética en los años de crisis?

Sí, desde 2008 se ha incrementado muchísimo. El indicador más robusto de nuestros estudios refleja que la pobreza energética era de un 3% en 2007. En 2013 de un 10%.

¿Es la subida del precio de la luz o gas culpable de esta tragedia?

Hay tres factores. El primero, y más importante, las rentas. La pobreza en casi todos los casos es un problema de renta baja. El segundo, la eficiencia energética. Si alguien tiene una calefacción poco eficiente supondrá mayor esfuerzo económico. Y el tercer factor, el coste de la energía. Durante la crisis han bajado las rentas, pero subieron los costes energéticos.

¿Son suficientes para paliar el problema el bono social o las leyes regionales?

Hacen falta varias cosas que no parecen tan complicadas, es cuestión de que los politicos lo quieran solucionar. No hay una ley nacional de pobreza que debería definir quiénes son personas vulnerables, una figura que nos pide la Unión Europea y no hemos hecho. El Gobierno podría arreglar esta tragedia con 1.900 millones de euros. Es un 2,5% de lo que gastamos en energía.