Queda un largo camino negociador por delante, varios comparecencias de expertos y documentos de trabajo que validar. Pero Empleo ha dado este martes su pistoletazo de salida a la tercera remodelación de las pensiones desde 2011, anunciando una primera medida sin mucho detalle y que se queda muy lejos de enmendar las carencias del sistema.

La ministra Báñez, que ha acudido a la Comisión del Pacto de Toledo para dar inicio a la comparecencias en sede parlamentaria sobre la sostenibilidad de las pensiones, ha planteado una primera medida: que las reducciones que ahora se aplican en las cotizaciones sociales se financien con cargo a los Presupuestos y así ahorrar 1.900 millones en el balance de las cuentas de la Seguridad Social. De este modo, estas reducciones pasarían a ser bonificaciones. Y como tales se financiarían a través del Servicio Público de Empleo (SEPE).

Es decir, las cuentas públicas saldrían al rescate de los casi 2.000 millones que se dejan de ingresar anualmente por 'subvencionar' la contratación. Empleo, cuestionado por 20minutos, no detalla cuáles serían las reducciones que seguirían financiándose de forma interna y cuáles a través de los Presupuestos, aunque apuntan a que serían "seguramente" las tarifas planas de 50€ a autónomos y la tarifa de los primeros 500€ en la contratación indefinida, que suponen un 90% del total de las reducciones que ahora financia el sistema.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, califica la medida como una "liberación" al sistema porque "el Estado asumiría así el gasto en políticas de empleo". Pero lo cierto es que esa cuantía apenas supone un 11% del déficit que acumulará este año la Seguridad Social. Un desfase entre ingresos y gastos que se elevará a 17.000 millones a finales de año, impactando en el límite de déficit que marca Bruselas y obligando a volver a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la extra de Navidad.

"La gestión del fondo ha sido profesional y exquisita", ha defendido Báñez, pese a que la previsión del propio Gobierno estima que la 'hucha', a este paso, se quedará en las telarañas a finales de 2017. "Recurrir al Fondo de Reserva para pagar pensiones es cumplir la ley y actuar con normalidad".

El Gobierno confía en que la Comisión respalde la propuesta y que se incluya en los presupuestos que se negocian para el próximo año. Pero a los partidos de la oposición nos les parece suficiente. El problema del sistema, según ellos, es que la baja calidad del empleo produce cotizaciones bajas; y traspasar un déficit de una bolsa presupuestaria pública a otra distinta, dicen, no solucionaría el problema.

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha exigido a la ministra de Empleo que "se actúe de forma urgente por el lado de los ingresos" y le ha reprochado que se haya mostrado triunfalista con el incremento de la cotización —en octubre se contaban casi dos millones de afiliados más que en 2013— porque "un aumento de cotizantes no significa un aumento de los ingresos por cotización.

Por eso, el portavoz de Podemos en la Comisión, Alberto Montero, la ha instado a "subir los salarios". Según ambos, la creación de empleo en los últimos dos años no ha elevado los ingresos del sistema porque la baja calidad de los puestos creados han menguado las cotizaciones que dejan al sistema. Montero, de hecho, ha afeado a la ministra que las bonificaciones que ahora se quieren cubrir con los PGE hayan restado 4.000 millones al sistema.

La diputada socialista Mercè Perea le ha afeado asimismo el uso "irresponsable" que se ha hecho de la hucha de las pensiones, y desde Ciudadanos se ha alertado de que los pensiones podrían perder poder adquisitivo en 2016 y 2017 si la inflación cierra en el 1% y 1,4% respectivamente previstos. En ese caso, la revalorización mínima del 0,25% no serviría para cubrir el encarecimiento del precio de la vida.

Las bonificaciones en las cuentas de la Seguridad Social no son el único 'lastre' que el Gobierno valora restar al sistema. También se estudia que las prestaciones no contributivas sean abonadas desde los Presupuestos, como una política social más. Entre ellas, las pensiones de orfandad o los 2,3 millones de prestaciones de viudedad. Esta última medida, aseguraba recientemente a 20minutos el experto José Enrique Devesa, eliminaría 21.000 millones de la cuenta de gastos del sistema. Es decir, bastaría para solucionar todo el desfase anual de 19.000 millones.

Al PSOE y a los sindicatos no les agrada la idea de traspasar estas pensiones a los presupuestos porque supondría dotarles de un "carácter asistencial y de beneficencia" que ahora no tienen y, por lo tanto, se abriría la puerta en el futuro a recortes de las mismas si las circunstancias obligasen a reducir los presupuestos. "Bajo ningún concepto se pueden cuadrar las cuentas de la Seguridad Social con las pensiones de viudedad", ha afirmado la presidenta andaluza, Susana Díaz.  Báñez, sin embargo, defiende que financiar estas pensiones con los PGE "no cambiaría su naturaleza contributiva".

Si no se llega a un acuerdo sobre viudedad, al Gobierno le quedaría como alternativa subir los salarios, aumentar tipos de cotización o reducir gastos en otras esquinas del sistema. Pero el Ejecutivo popular rechazan las dos primeras medidas porque según ellos truncarían la creación de empleo de los últimos tres años. "Las medidas deben ser equilibradas para evitar efectos indeseados en el mercado laboral o en el tejido productivo", ha defendido Bañez, que ante la petición de la oposición de derogar la reforma laboral ha defendiendo su "refuerzo" para no alterar "los pilares fundamentales".

El sindicato UGT, que comparecerá en los próximos en el Pacto de Toledo, ha aprovechado la comparecencia de Báñez para avanzar qué llevarán al debate de la Comisión. En octubre ya propusieron tres medidas que ahorrarían 15.500 millones: eliminar bonificaciones, sufragar los gastos de gestión del INSS con cargo a presupuestos y eliminar el tope máximo a la cotización de los salarios más altos. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante su intervención de este martes en el Senado, se ha mostrado dispuesto a estudiar el destope de cotizaciones.

Este martes su secretario general, Pepe Álvarez, ha añadido dos más: un impuesto a las grandes fortunas ("pagar un poquito más no les costaría nada, podrían mantener su ritmo de vida y cada vez hay más millonarios") y otro a los sectores donde la tecnología haya desplazado al empleo, como la banca, la industria o el comercio.

La recaudación de ambos tributos sería finalista y se dedicaría a financiar las pensiones. Y para ello, dice Álvarez, no habría que esperar a marzo. "Sin esperar a las conclusiones del pacto de Toledo, el gobierno puede ir tomando medidas este año", asegura el líder sindicalista que plantea además subir el salario mínimo a 800 euros. "Si los salarios crecieran no estaríamos en la situación en la que estamos", ha manifestado.