El pleno del Congreso aprobó este martes tramitar una ley que suba de forma escalonada el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el acuerdo de los agentes sociales para que pueda situarse en el 60% del salario medio neto español.

La mayoría de los partidos ha votado a favor de tomar en consideración la proposición, elaborada por Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, y en la que se concreta un alza del SMI a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020. El PP y Foro Asturias se han posicionado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

Esta reforma legislativa deberá tramitarse en la Comisión de Empleo y recibir las enmiendas correspondientes de los grupos parlamentarios, que ya han avanzado que debatirán sobre el ritmo más adecuado al que debe subir el salario mínimo.

La mayoría de los parlamentarios ha criticado que 655,20 céntimos mensuales es indigno y ha apoyado que se cumpla la recomendación de la Carta Social Europea que sitúa el SMI en el 60% del salario medio neto anual.

El Partido Democrático de Cataluña, PNV y ERC han avanzado que en su trámite de enmiendas pedirán que cada autonomía pueda subir el salario mínimo de acuerdo con su realidad económica.

"Es una ley justa y estamos abiertos a debatirla", ha afirmado la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que recuerda que el salario mínimo debe subir según la inflación real y no la prevista.

Esta subida del salario mínimo se sitúa en 13.300 euros anuales a final de la legislatura y solicita reformar el Estatuto de los Trabajadores para que se revalorice anualmente según el IPC y se revise con efectos retroactivos el 1 de enero de cada año. Además, incide en que en el salario mínimo se debe computar únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar a una minoración de este.

Vidal ha afirmado que, si en 2008 el porcentaje de trabajadores que cobraban un sueldo inferior al SMI era de un 8,8%, en 2014 ya era de un 13% y ha recordado que el incremento de la desigualdad y de la pobreza afecta sobre todo a las mujeres.

La diputada también ha criticado las reformas laborales que han causado, según ella, empleo de baja calidad y alta rotación y ha subrayado que "incentivar los convenios de empresa para evitar la protección del convenio sectorial ha provocado una caída brutal del salario de muchos trabajadores".

La diputada del PP Susana López ha defendido por su parte que subidas salariales supondrían un gran incremento de gasto en los presupuestos, de unos 1.377 millones para 2018 y de 2.819 millones para 2020. Causaría, según ella, destrucción de empleo y espirales inflacionistas de precios-salarios, ha añadido.