El gobierno catalán ha incluido en los presupuestos de la Generalitat unas partidas, que suman 5,8 millones de euros, cuya finalidad es organizar el referéndum independentista anunciado para septiembre de 2017.

Fuentes del Govern han asegurado a Efe que estas partidas, de 5 millones, por una parte, y de 800.000 euros, por otra, están encuadradas en el concepto procesos electorales y participativos, por lo que no hablan explícitamente del referéndum previsto para 2017.

Se trata de unos recursos no departamentales que dependerán de la Secretaría General del departamento de Economía, que dirige Oriol Junqueras, según estas fuentes.

Asimismo, el Govern ha incluido en el proyecto de ley de presupuestos una disposición adicional en la que se exhorta al ejecutivo a organizar "un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, presenta este martes desde el Parlament su proyecto de Presupuestos de 2017 sin tener la garantía de que la CUP dará el 'sí' definitivo que permita aprobarlos.

Los anticapitalistas garantizan que permitirán que las cuentas se admitan a trámite en un pleno previsto para mediados de diciembre, pero quieren introducir cambios en la tramitación parlamentaria y no aseguran su aval definitivo.

El Govern ya ha avanzado que el proyecto incluirá 1.050 millones de euros más en gasto social para las consellerias de Salud, de Enseñanza y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias respecto a las cuentas de 2015, que están prorrogadas.

Otro punto destacado es que incluirán los recursos para convocar un referéndum de independencia: "Se podrá ver cuáles son los recursos que con carácter inicial se pueden destinar", explicó recientemente el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, aunque matizó que se incluirán de manera que será difícilmente impugnable.

Del 'sí' de la CUP no solo depende la aprobación de las cuentas, sino también el futuro de la legislatura: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció en septiembre que, si no lograba sacar adelante el Presupuesto, disolverá el Parlament y convocará elecciones.

Así, si las cuentas no prosperan no solo habrá acabado la legislatura antes de tiempo, sino que el Govern renunciará a convocar el referéndum sobre la independencia de Catalunya que el propio Puigdemont anunció para otoño de 2017.

El principal punto de fricción entre el Govern y la CUP es el IRPF, porque los anticapitalistas exigen aumentar el tipo a las rentas altas, mientras que el Ejecutivo catalán es partidario de no tocar este tributo: "La gran fortuna que gravar es España", alegó Puigdemont.

La CUP y JxSí se han enviado varios avisos en los últimos días: el diputado 'cupaire' Benet Salellas calificó las cuentas de extremadamente continuistas, mientras que el republicano Sergi Sabrià ha admitido que rechazarlas es "renunciar" al proceso y a un aumento del gasto social.

La Generalitat ya presentó las principales novedades en fiscalidad, donde prevé introducir cambios en impuestos propios y cedidos para ingresar 180 millones de euros más al año -120 en 2017 por aplicaciones parciales- a través de la ley de acompañamiento.

Una de las de mayor impacto es la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas envasadas desde el 1 de abril, con una recaudación en 2017 de 30,98 millones, y unos ingresos anuales ordinarios -por año completo- de 41,3 millones.

Un nuevo impuesto ambiental a las nucleares, después de que el anterior fuese anulado por el Tribunal Constitucional, prevé una recaudación de 28,29 millones en 2017 y una recaudación anual ordinaria de 60 millones; y el impuesto reformulado para los grandes establecimientos comerciales -por disconformidad de la UE- pasará de una recaudación actual de 15,1 millones a 17,3 en 2018.

En el caso de la tasa turística, desde el 1 de abril equipara la de los pisos turísticos de la ciudad de Barcelona a la de los hoteles de lujo, añade una tasa para los cruceristas que están en Barcelona menos de 12 horas y habrá un régimen de infracciones y sanciones específico para este impuesto; la recaudación fue de 43,17 millones en 2015, y se prevé un incremento de 7,68 millones con estos cambios.

Asimismo, el Govern crea un nuevo tramo en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compraventa de viviendas de más de un millón de euros, que deberán pagar un 11% por el importe que supere esta cantidad, frente al 10% único aplicable hasta ahora.

También se gravarán con un 5% todas las transmisiones de bienes muebles -ahora solo eran vehículos-, como puede ser el oro y aeronaves, y habrá una bonificación del 99% en arrendamientos de viviendas del parque público de alquiler social, con una ganancia de recaudación en 2017 por todas estas medidas de 4,8 millones.

Otras medidas servirán para reducir gasto, como la eliminación de una parte de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual (10 millones de ahorro) y la supresión de las deducciones por inversiones en el Mercado Alternativo Bursátil (1,2 millones anuales).

JxSí y la CUP han registrado este lunes en el Parlament una proposición de ley para crear un impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas que gravará bienes inmuebles, vehículos de motor de potencia igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de ocio de ocho metros de eslora o más y aeronaves.

La ley grava bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividad o usos privados o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad vinculada a los activos.

La base imponible del impuesto se calcula en la suma total de todos los activos no productivos a un mismo nombre: se establece un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 euros si no incorpora ningún inmueble.

El tipo impositivo definido por JxSí y la CUP es progresivo y va desde el 0,25% en su valor más bajo hasta el 1% para una base liquidable de más de 3 millones de euros, y se meritará cada 30 de junio.

Deberán pagar este impuesto los bienes inmuebles radicados en territorio catalán; los vehículos a motor cuyos titulares tengan domicilio fiscal en Catalunya, y las embarcaciones y aeronaves amarradas o estacionadas en Catalunya durante más de 183 días antes de los 12 meses anteriores a la fecha de meritación del impuesto.

Estarán exentos de pagar el impuesto las administraciones; las representaciones diplomáticas; las oficinas consulares y los organismos internacionales con sede en Catalunya, y los bienes inmuebles de organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro que los destinen a finalidades no lucrativas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que el Gobierno central estudiará "ámbitos de impugnación" de los Presupuestos catalanes 2017 si incluyen una partida para el referéndum sobre la independencia.

Tras reunirse con el Grupo de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y con el decano, Oriol Rusca, el ministro ha dicho que el Gobierno tiene la responsabilidad "de hacer cumplir la legislación vigente" y ha recordado que los Presupuestos son un conjunto de obligaciones y previsiones de ingresos asociados a unas competencias.

Para el ministro, si el Parlament aprueba una ley de Presupuestos con una partida económica para celebrar el referéndum "estarán yendo más allá de sus ámbitos de responsabilidades", y ha advertido de que el dinero público debe aportarse a obligaciones propias de las competencias.