El Gobierno aprueba una subida de impuestos de 4.800 millones para cumplir el 3,1% de déficit

Íñigo Méndez de Vigo (c), junto a Luis de Guindos (i), y Cristóbal Montoro (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Íñigo Méndez de Vigo (c), junto a Luis de Guindos (i), y Cristóbal Montoro (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
EFE/Ángel Díaz
Íñigo Méndez de Vigo (c), junto a Luis de Guindos (i), y Cristóbal Montoro (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha tramitado este viernes un Real Decreto con medidas fiscales valoradas en 7.000 millones de euros, que definirán los presupuestos de 2017 y la senda de reducción del déficit durante ese ejercicio para cumplir el desvío máximo del -3,1% del PIB permitido por Bruselas.

Así consta en el comunicado de Hacienda y en la referencia del Consejo de Ministros, que rectifica los 7.500 millones que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, había anunciado horas antes. "Reducir el déficit desde el 4,6% actual hasta ese objetivo requerirá un gran esfuerzo", avanzó Montoro durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

"No estamos incumpliendo nuestras promesas. No se los subimos ni la las familias ni a las Pymes", ha afirmado Montoro al ser preguntado si esta subida impositiva no choca con su promesa electoral de no elevar los tributos. "Es cierto que no recaen sobre las clases medias y bajas, pero son medidas insuficientes, se necesita una reforma fiscal integral", ha valorado el sindicato de trabajadores UGT. "Tiene claros y oscuros", remata CC OO.

El Gobierno enviará la semana que viene a la Comisión Europea un presupuesto actualizado con estas nuevas medidas. El anterior, enviado en octubre, estimaba un desfase presupuestario del 3,6%, sin tomar medidas adicionales. Ahora, incluyendo estas iniciativas, se rebajaría con suficiencia la exigencia de Bruselas.

¿De dónde proceden los 7.000 millones?

El Gobierno elevará la recaudación dos frentes. El primero, una subida de impuestos especiales y una reducción de exenciones en Sociedades que recaudarán entre ambas 4.800 millones (y no los 4.650 que había dicho Montoro anteriormente); estos nuevos gravámenes se aplicarán a mediados de diciembre, cuando se convaliden en el Congreso.

El segundo frente es la lucha contra el fraude fiscal, que según Hacienda reportará unos 2.000 millones de euros y que entrará en vigor este mismo sábado.

ImpuestoConceptoCuantía (Mill. euros)
Impuesto de SociedadesEliminación de exenciones por dividencios, compensación de pérdidas y deterioro del valor de participacion4.650
Impuestos EspecialesSubida impositiva al tabaco y al alcohol150
Impuestos EspecialesGravamen sobre las bebidas azucaradas200
Lucha contra el fraudeLimitación de pagos en efectivo y sistema de información inmediata2.000
TOTAL 7.000

Impuestos al alcohol, tabaco y refrescos azucarados

El aumento del gravamen al alcohol y al tabaco permitirá ahorrar 150 millones (200 millones menos de lo que había dicho el ministro). La subida para las bebidas alcohólicas (exceptuando el vino y la cerveza que tienen gravámenes propios) será del 5% y permitirá ingresar 50 millones. La del tabaco será del 2,5% para los cigarrillos, un 6,8% para la picadura y aportará 100 millones a la arcas del Estado.

Como gran novedad, Montoro anuncia un tributo a los refrescos azucarados "que ya tienen en otro países como Noruega, Dinamarca o Francia". El impuesto permitirá recaudar 200 millones, aunque de momento solo se trata de un proyecto de ley y no forma parte del Decreto de medidas aprobadas este viernes. "Son medidas razonables puesto que inciden sobre consumos que implican efectos perjudiciales para la salud", admiten en UGT.

Hacienda abre además la puerta a más impuestos ambientales en 2017, una "demanda de la Unión Europea", que antes pasará sin embargo por una fase de negociación política.

Reducción de exenciones en el impuesto de Sociedades

En el caso de Sociedades, se mantiene el tipo del 25% pero se eliminarán exenciones "para acercar el tipo efectivo al nominal", ha explicado Montoro. Serán cuatro las exenciones actuales que se modificarán para ampliar las bases de gravamen y recaudar 4.650 millones más (no los 4.300 que anunció Montoro).

  • Exención por dividendos: no se podrán deducir las pérdidas por "transmisión de participaciones" y tampoco se podrían integrar en la base imponible las pérdidas resultantes de la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales.
  • Reversión de los deterioros de valor de participaciones. Por un importe mínimo anual, de forma lineal durante cinco años.
  • Limitación a las grandes empresas en la compensación de pérdidas de años anteriores. Las empresas que facturen más de 60 millones solo podrán deducirse el 25% de estas pérdidas y las que facturen de 20 a 60 millones, el 50%.
  • Nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición. Será el 50% de la cuota íntegra (para empresas que facturen más de 20 millones anuales.

Medidas contra el fraude fiscal en el IVA

Hacienda introduce dos medidas para luchar "fundamentalmente" contra los defraudadores en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El plan permitirá al Estado ingresar 2.000 millones (y no los 500 que había anunciado el ministro en la rueda de prensa). "Son medidas que implican un mayor rigor y seriedad en la gestión de los tributos", ha dicho el ministro.

La primera medida es un Sistema Inmediato de Información (SII) para que las grandes empresas informen en menos de cuatro días al ministerio de todas las facturas que emiten y reciben. Estarán obligadas a hacerlo desde el 1 de julio de 2017. Afectará a más de 60.000 compañías cuya tributación por IVA supone el 80% de la recaudación por este tributo. Y su impacto económico será de 700 millones a repartir entre entre 2017 y 2018.

En segundo lugar, se limitará a 1.000 euros la posibilidad de realizar pagos en efectivo —hasta ahora eran 2.500 euros—, aunque esta medida se tramitará en proyecto de ley y no en este decreto aprobado este viernes.

El Gobierno también endurecerá los criterios para aplazar el pago tributario y las deudas frente a Hacienda suspendidas mientras se tramitan los recursos administrativos. "Con ofertas de crédito accesibles a compañías de cierto tamaño, no tiene justificación que se financien con cargo a  Hacienda".

Un techo de gasto menor... y 900 millones de recortes en la Administración

El límite de gasto para el próximo año será de 118.337 millones de euros, unos cinco mil menos que el año pasado. Según Hacienda, la reducción no supone "ningún recorte de programas sociales" sino que se debe al ahorro presupuestario conseguido este año 2016 por el adelanto del cierre del ejercicio y al cumplimiento de los acuerdos de no disponibilidad de las autonomías.

Montoro, además, anunció un plan de impulso y transformación de la Administración Pública que supondrá un ahorro de 900 millones de euros de 2017 a 2019. Las mejoras estarán relacionadas con las nuevas tecnologías, empleo público y racionalización de estructuras. Pero no ha detallado en qué partidas exactas se realizará este recorte.

Tutorías personalizadas para parados de larga duración

El Gobierno también ha aprobado un plan de atención a parados de larga duración de entre 30 a 54 años. El programa consiste en tutorías personalizadas para cada parado, en las que el tutor diseñará un itinerario personalizado de inserción para cada desempleado. El plan limita a 120 los parados asignados a cada tutor y se dotará con 515 millones repartidos en tres ejercicios: 129 este año, 257 el siguiente y 129 en 2018.

En segundo lugar, se distribuirán 1.800 millones a las comunidades autónomas para que mejoren la empleabilidad de estas personas con difícil inserción laboral. Hasta 540 millones de ese segundo presupuesto (un 30%) se distribuirá a las regiones en función de su número de parados y el otro 70%, en función del cumplimiento que se consiga en cada región en el objetivo de mejorar la empleabilidad juvenil y de los mayores de 45 años.

Las autonomías dispondrán de un margen de déficit del 0,6%

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer —con el voto en contra de dos regiones socialistas y la abstención del resto de autonomías gobernadas por el PSOE— un límite de déficit del 0,6% para las autonomías, una décima más de lo que había propuesto inicialmente Hacienda para las regiones.

Límites de déficit en cada administración2016201720182019
Administración Central-2,2%-1,1-0,7%-0,3%
Comunidades Autónomas-0,7%-0,6%-0,3%0%
Ayuntamientos0%0%0%0%
Seguridad Social-1,7%-1,4%-1,2%-1,0%
TOTAL-4,6%-3,1%-2,2%-1,3%

El resto del déficit hasta completar el 3,1% máximo permitido por Bruselas para 2017, se lo repartirá sobre todo el Estado —tendrá que recortarse más de un punto—y la Seguridad Social, para la que se prevé una rebaja del déficit de apenas tres décimas (unos 3.000 millones de euros). Para los ayuntamientos, por su parte, se espera un equilibrio presupuestario, aunque el Gobierno prevé que vuelvan a tener superávit al final de año.

El salario mínimo será de 707,6 euros

Se ha tramitado asimismo un Decreto Ley que eleva a 52,4 euros el salario mínimo de referencia, después del acuerdo al que llegaron ayer el Gobierno y el PSOE. El nuevo suelo mínimo salarial es de 707,6 euros tras una revalorización del 8%, la mayor en los últimos 30 años. El incremento beneficiará directamente a 223.000 trabajadores que cobran el salario mínimo en su jornada completa, según Empleo.

La ministra Báñez ha llevado a la mesa del Consejo de Ministros la posibilidad de que sindicatos y patronal fijen esta cifra  "de manera vinculante" los siguientes tres años de legislatura. Si no llegan a un acuerdo antes del 15 de noviembre, el Gobierno determinaría su cuantía como hasta ahora. Precisamente los sindicatos criticaron ayer que el Gobierno y el PSOE llegasen al acuerdo sin consultar a los agentes sociales.

Se eleva un 3% la base máxima de cotización

El Gobierno ha aprobado finalmente una subida del 3% en las bases máximas de cotización, lo que permitirá recaudar de 300 a 315 millones de euros para aliviar el sistema de Seguridad Social. El secretario de Estado, Tomás Burgos, lo ha calificado de aumento "discreto" y supone elevar la base máxima de 3.642 euros mensuales a 3.751,26.

"Afectará a 200.000 personas y no tendrá impacto en la competitividad de la economía española", dice Burgos que avanza un incremento futuro de la pensión máxima "en justa correspondencia" a este aumento de los cotizantes con mayor sueldo.

Además, la subida del 8% en el salario mínimo obliga también a elevar el tope mínimo de cotización de las distintas categorías laborales. Por ejemplo, en el caso de los no titulados pasaría de 764,4 euros a 825,5 euros mensuales. El incremento de este mínimo supondría 70 millones de euros al sistema.

Bankia seguirá devolviendo ayudas... dos años más

Otra de las medidas que ha aprobado el Gobierno, a instancias del ministerio de Economía, ha sido alargar dos años que plazo para vender Bankia. La entidad nacionalizada debía enajenarse a finales de 2017, pero el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes aplazar la venta hasta 2019 con el fin de recuperar una porción mayor de los 22.424 millones de euros que inyectó el estado para el rescate de la entidad.

"Era un límite que nos habíamos autoimpuesto y no tiene sentido en estas circunstancias", ha asegurado Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bruselas observa este movimiento con lupa, porque lleva tiempo presionando a España para que el FROB deshaga su accionariado público tanto en Bankia como en BMN, para la que también se ha aprobado una prórroga de dos años, hasta 2020.

El Gobierno busca con este retraso, por un lado, conseguir una devolución mayor de las ayudas estatales —hasta ahora Bankia ha recuperado apenas 1.627 millones— y por otro, preparar la venta de la entidad esperando tiempos mejores para un sector financiero que ahora sufre un escenario de ajustes y bajos tipos de interés. "No quiere decir que aplacemos la privatización, se trata de dar tiempo para encontrar el mejor momento para hacerlo".

Patrimonio, IBI, Canarias...

El Gobierno prorroga además el impuesto de Patrimonio —que permitió recaudar unos 1.000 millones este año—, se actualizan los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y se suspende la compensación a Canarias.

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