Hasta 40 diputados elegidos fuera de la circunscripción de Madrid, pero con casa en la capital o en alguno de los municipios de la provincia, cobran la dieta de 1.823 euros por manutención y alojamiento que el Congreso establece para que puedan llevar a cabo su labor de representación en la capital de España. De ellos, 26 pertenecen al PP (el 19% de los 137 diputados con que cuenta el grupo), 6 son del PSOE (el 7% de sus 85 representantes), 6 forman parte de Unidos Podemos (el 8,51% de los 71 miembros de las confluencias) y 2 militan en Ciudadanos (el 6% de sus 32 escaños). (ver listado completo debajo).

La percepción de esta ayuda resultaría baladí si no fuese porque todos cuentan con una alternativa -según su declaración de bienes- y porque la subvención sobrepasa, con mucho, el precio medio del aquiler de un piso de 90m2 en la ciudad, que cerró 2015 en los 873 euros, de acuerdo al estudio realizado por el portal Fotocasa.

Entre los beneficiarios destacan Ana Pastor, cuyo salario bruto anual como presidenta del Congreso supera los 190.000€, y los ministros Íñigo Méndez de Vigo, Fátima Báñez, Rafael Catalá o María Dolores de Cospedal, que ingresan más de 70.000€ por ejercicio.

También están en socialista Ciprià Císcar, que declara dos viviendas de grandes dimensiones y un patrimonio inmobiliario total de 1,3 millones de euros, o Irene Rivera (C's), que disfruta una vivienda en pleno dominio en Madrid desde 1999.

PP y PSOE carecen de normas internas acerca de la posible redundancia de estas ayudas. Toni Cantó donó el importe mientras fue diputado de UPyD, aunque no ha anunciado si lo repetirá ahora con C's.

Los diputados de Podemos, por su parte, se embolsan 1/3 del importe para sufragar su estancia en la circunscripción por la que fueron elegidos (y por la que, en teoría, trabajan) en caso de que no tengan vivienda en sus respectivos territorios.  El resto -de forma íntegra si tienen casa- lo donan a proyectos sociales y al partido.

La dieta, que se suma a los 2.813€ de salario bruto mensual en 14 pagas que percibe cada diputado, a los 3.000€ lineales al año asignados para taxis y a los distintos complementos por cargos institucionales individuales (portavocías, Presidencia de comisiones), ha sido objeto de polémica en el último lustro.

UPyD propuso eliminarla en 2012, pero PP y PSOE se negaron alegando que era un acto de "demagogia". El Tribunal Supremo desestimó en 2013 una querella de la Asociación Democracia Real Ya contra los 62 parlamentarios que la cobraban entonces, alegando que la asignación era de libre disposición y que un diputado podía tener casa en Madrid, pero no poder usarla o verse obligado a realizar su labor en otra circunscripción.

Unidos Podemos, el grupo más combativo contra estos "privilegios", no ha presentado ninguna iniciativa al respecto hasta el momento.