El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está convocando los miembros del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir el 23 de diciembre para tejer un consenso político y social alrededor de la organización del referéndum.

Según han explicado fuentes de la Presidencia a la ACN, la cumbre se hará en el Parlamento justo después de que los presupuestos superen el debate a la totalidad. El presidente pone fecha al encuentro después de constatar que los insistentes llamamientos al diálogo del gobierno español no se han materializado.

Estas mismas fuentes insisten que se mantiene la voluntad de pactar un referéndum pero que, a la vez, empiezan los preparativos para poderlo celebrar igualmente aunque no se acuerde con el Estado.

La cumbre del referéndum es un compromiso aprobado con la CUP en el debate de política general del Parlamento. La cámara catalana también aprobó otra resolución, con los votos a favor de CSQP, que apuesta para intentar un referéndum pactado con el Estado.

Puigdemont convoca partidos, entidades y organizaciones socioeconómicas integrantes al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para abordar la preparación del referéndum previsto por el otoño del año que viene.

El presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, presidirán el encuentro que se hará en el Parlamento justo después de que el Parlamento dé luz verde a la tramitación de las cuentas en el pleno que empieza el 21 de diciembre.

La convocatoria de la cumbre se enmarca en la hoja de ruta de "referéndum o referéndum" marcado por el presidente de la Generalitat y en cumplimiento de las resoluciones aprobadas al debate de política general de octubre.

El Parlamento aprobó entonces dos resoluciones sobre el referéndum: JxSí y CSQP acordaron una resolución que apuesta por un referéndum pactado y JxSí y la CUP aprobaron otra que establece hacer el referéndum aunque no haya acuerdo con el Estado y prevé, entre otros, celebrar una cumbre para prepararlo.

Las últimas reuniones del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se han celebrado en marzo del 2015, para abordar las elecciones del 27-S, y en noviembre del 2014, a las puertas de la consulta del 9-N.En las reuniones ha asistido habitualmente representantes de CiU, ERC, CUP e ICV-EUiA, así como entidades nacidas alrededor del socialismo.

En el ámbito de las entidades ha sido presentes la ANC, Òmnium, la AMI y Súmate y representantes de las patronales y sindicatos como CECOT, FEPIME, PIMEC, el Consejo General de Cámaras de comercio de Cataluña, CCOO, UGT, USOC, Unión de Labradores y ASAJA, entre otros.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Neus Munté, no quiere hablar ahora sobre un adelanto de la fecha del referéndum en caso de que se inhabilite un cargo electo o institucional como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

"No quiero avanzar escenarios que encara no se han producido, nos hemos de centrar en lo que tenemos delante de manera inmediata, trabajar por qué se pueda hacer el referéndum y se puedan aprobar unos presupuestos muy necesarios", ha asegurado en una entrevista con la agencia ACN.

Además, ha añadido que "en ningún caso existe la certeza" de que se puedan producir inhabilitaciones en los próximos meses. Aun así, la consejera ha admitido que si se producen nuevos acontecimientos, como podrían ser inhabilitaciones, los partidos favorables al proceso tendrían que "consensuar" la nueva situación.

Después de que la dirigente de ERC, Marta Rovira, y el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, hayan apostado por avanzar el referéndum si se inhabilita Forcadell, la consejera de la Presidencia ha considerado que no es momento de avanzar escenarios.

Munté ha asegurado que el Govern trabaja con el calendario de celebrar el referéndum en otoño del 2017 y ha afirmado que esta hoja de ruta no ha cambiado. "Este es el escenario con el que trabajamos y con el que continuaremos trabajando", ha remarcado.

Según Munté, una inhabilitación de un cargo electo o institucional sería una "agresión a la democracia en mayúsculas" y este hecho obligaría los partidos soberanistas y sociedad civil a sentar y plantear "una respuesta de país y una respuesta a la altura de un hecho tan grave".

La consejera se refiere a la inhabilitación de Forcadell pero también a una inhabilitación que afectara el expresidente de la Generalitat Artur Mas, las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau o cualquier cargo electo.