La parálisis de España a la hora de atajar y castigar el dieselgate ha tenido consecuencias. La Comisión Europea ha abierto este jueves un expediente de infracción contra nuestro país por no haber sancionado a Volkswagen tras la manipulación de las emisiones contaminantes en sus vehículos con motor diésel.

El expediente no solo se dirige a España. También Alemania, Luxemburgo y Reino Unido han sido sancionados, como España, por disponer de legislación sancionadora y no aplicarla contra el consorcio germano. Otros tres países, República Checa, Lituania y Grecia, han sido expedientados por ni siquiera haber incorporado a su normativa nacional el sistema de sanciones que prevé la legislación comunitaria en este sentido.

Bruselas exige disponer de sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" para evitar que los fabricantes de automóviles infrinjan la ley. En el caso de España, hay normativa de sanción. Pero no se aplicó, pese a que sabe desde septiembre de 2015 que Volkswagen manipuló el software de sus motores para que los coches ofrecieran unas emisiones de óxido nitroso (NOx) en el laboratorio inferiores a las reales en situación de conducción.

La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España —el primer paso del procedimiento comunitario de infracción— para preguntar por qué no ha actuado contra Volkswagen, pese a conocer que el fraude afectó a 10,5 millones en todo el mundo. Y en nuestro país, a 683.626 unidades de las marcas Volkswagen, Skoda, Audi y Seat.

Fuente: Grupo Volkswagen y elaboración propia

El ministerio de Economía, que incorpora desde noviembre la cartera de Industria, defiende que el Gobierno ha tomado las "acciones oportunas" y recuerda que el 11 de julio se inició un expediente informativo a Seat, la única marca sobre la que se podia actuar porque solo ella homologa sus autos en laboratorios españoles de certificación. De hecho, es el modelo Exeo el que estaría bajo la lupa de las autoridades comunitarias. La apertura del expediente evitaba además la prescripción de posibles infracciones administrativas.

Volkswagen presentó alegaciones a aquel expediente. Y dos meses después, el 30 de septiembre, el expediente se suspendió. Economía argumentó entonces que la causa estaba judicializada por vía penal y que eso "conllevó necesariamente paralizar el proceso administrativo" tal y como establece el artículo 30.4 de la Ley de Industria.

Pero lo cierto es que la causa lleva en vía penal desde el año pasado, cuando el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional admitió la denuncia de la Fiscalía e imputó a Volkswagen por delito ambiental, fraude en las subvenciones y estafa publicitaria. La apertura del expediente, por lo tanto, se produjo casi nueve meses después.

Economía defiende que aquel expediente era la decisión "más estricta" que podía tomar con la legilación actual y añade que también se prohibió la matriculación de unos 2.000 vehículos afectados. Pero a Bruselas le parece insuficiente. Y la Comisión apunta que, por ejemplo, se podría haber introducido dispositivos que inutilizasen los sistemas de control fraudulento de las emisiones.

El Gobierno dispone de dos meses para responder al requerimiento del Ejecutivo comunitario. Y si Bruselas no está satisfecho con las explicaciones, podría llevar incluso a denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Las autoridades nacionales deben garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan efectivamente con la ley", ha recordado la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska, sobre la responsabilidad de los países en este caso. Una de las medidas que podrían haberse tomado, según la Comisión, era introducir dispositivos de desactivación que redujesen la efectividad de los sistemas de control de las emisiones.

Alemania rechaza las acusaciones y dice que su país tomó medidas inmediatas "de acuerdo con el principio de la proporcionalidad" de la falta. "No se puede confiar en los Estados para emprender acciones contra sus propias industrias", ha lamentado el eurodiputado socialista Seb Dance.

Estados Unidos ya ha aplicado una sanción a Volkswagen que se eleva a 14.700 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros) y cada cliente de un coche manipulado recibirá 1.000 dólares como compensación. En la Unión Europea no se ha aplicado aún sanción alguna y la compañía tampoco va a indemnizar a sus clientes, sino que se limitará a reparar los vehículos de forma gratuita.