¿Cómo se conjuga el convenio internacional de la Haya para la restitución inmediata de menores sustraídos con el nuevo estatus de "víctimas de violencia machista" que la legislación española reconoce a los hijos de las maltratadas? Ese es el dilema actual en la vida de Juana Rivas y Vanessa Skewes, las dos madres víctimas de violencia machista que este martes le han entregado al ministro de Justicia 150.000 firmas exigiendo su amparo para evitar tener que devolver a sus hijos a sus padres en Italia y Chile.

La granadina Juana Rivas, de 35 años, consiguió escapar de su "cautiverio" —de una vida de "maltrato físico y psicológico y aislamiento social" en la isla de Carloforte, Italia— el pasado mayo con la excusa de unas vacaciones familiares en Maracena (Granada), dónde llegó con la intención de quedarse a vivir. Convencida de no querer darle otra oportunidad más como pareja al padre de sus hijos, que fue condenado en un juzgado por maltratarla en 2009.

"Él no quería que viniera. Me quería prohibir que sacara a los niños de Italia. Me quitó los pasaportes y tuve que esconderlos en el campo para poder viajar", explica Juana Rivas. "No, no pedí su consentimiento porque el consentimiento de un maltratador no es posible tenerlo", argumenta.

Una jueza de Granada ha dictaminado, sin embargo, que en su caso corresponde la restitución de los niños Daniel y Gabriel al padre, alegando que no entra en el fondo de la cuestión, explica a 20minutos Francisca Granados, directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y apoyo incondicional de Juana Rivas en su batalla por alejar a sus hijos de un entorno de malos tratos.

"Lo que está ocurriendo es que hay un descuadre del marco jurídico. Se está aplicando una normativa (el convenio de la Haya) sin tener en cuenta la situación de la violencia de género", resume Granados. Esta jurista defiende que en el caso de los hijos de Juana Rivas, la Justicia debía de tener en cuenta que devolver a los niños a su padre supone "riesgo grave" y "situación intolerable", excepciones ambas que recoge el Convenio que regula la restitución internacional de menores.

Juana Rivas ha recurrido la decisión judicial que le obliga volver con los niños a Italia y, de forma paralela, como medida de presión pública, iniciaba una campaña de recogida de firmas por Internet que ya lleva casi 160.000 apoyos a su petición de amparo ante la excepcionalidad de su caso y de otro similar que afecta a la chilena Vanessa Skewess.

Con la entrega de firmas, Juana Rivas espera que "Justicia valore que siempre que haya violencia no se considere sustracción el traerse a los hijos. Si no, estamos dando fuerza a los maltratadores", defiende. Por el contrario, "si Justicia atiende este grito de auxilio va a dar luz a muchas mujeres que sienten pánico y miedo y que viven a diario la violencia en casa. Cuantas veces mis hijos y yo hemos acabado llorando y abrazados los tres, tapándole los oídos al pequeño para que no escuchara los gritos de su padre".

El caso de Vanessa Skewes, chilena de 30 años, con dos hijos de 7 y 9 años, está ahora mismo pendiente de un recurso en el Tribunal Constitucional español.

Esta chilena pudo escapar de su país con sus hijos hace dos años para viajar a España. Según ha contado ella misma a la agencia EFE, el padre de sus hijos le agredió "en incontables ocasiones" e incluso llegó a fracturarle la nariz. También abusó sexualmente de ella y amenazó con quemarla a ella y a sus hijos. Un tribunal de Chile dictó una orden de alejamiento de ella, pero no de sus hijos. Hoy el padre está reclamando su restitución y la Justicia española obliga a la madre a devolverlos a su agresor en sendas sentencias de primera instancia y de la Audiencia Provincial de Alicante.

Su recurso al Constitucional y estas 150.000 firmas entregadas al Ministro de Justicia son los últimos cartuchos que le quedan para intentar salvaguardar la integridad de unos niños que en España serían considerados víctimas de violencia machista.

A lo largo de la mañana en Madrid, ambas madres ha podido reunirse con las portavoces de Justicia y de Igualdad de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados, de quienes han obtenido el compromiso de empezar a diseñar un "protocolo específico sobre menores víctimas de violencia de género en el marco del convenio de la sustracción internacional de menores". Ambas formaciones les han comunicado que plantearán la urgencia de este protocolo en la subcomisión del pacto de estado contra la violencia machista, que se constituye este miércoles en el Parlamento.