Todos los partidos políticos, a excepción del PP y de Ciudadanos, han apoyado este jueves una renta mínima que "rescate a las personas" que no tienen empleo ni recursos y que busquen trabajo, ya que las formaciones han coincidido en que es de "justicia social".

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves por 177 votos a favor y 165 en contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos UGT y CCOO, convertida en proposición de Ley tras ser respaldada por más de 700.00 firmas y que será tramitada a partir de ahora en comisión.

Al debate en el pleno han asistido los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, mientras que el Gobierno se ha ausentado.

La diputada del PP Susana López ha dicho que votan en contra de forma responsable ya que "no existe margen de maniobra" para financiarla y ha señalado que según algunos expertos los potenciales beneficiarios podrían llegar hasta los 8 millones de personas y suponer un coste hasta 50.000 millones de euros.

Por su parte, el portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha calificado la renta mínima de antiliberal y antiprogresista y ha dicho que votan en contra porque "no se puede pagar ni financiar".

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha defendido la iniciativa que persigue una renta de unos 426 euros mensuales durante el tiempo en que una persona sin recursos no tenga empleo y esté vinculada a la formación o búsqueda de trabajo.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Segundo González ha agradecido a los sindicatos traer una Ley al Congreso para "rescatar a personas y no para rescatar a bancos" y ha acusado al PP de romper España.

El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha apoyado la tramitación de esta ley porque es un elemento esencial para ayudar a la desaparición de las desigualdades sociales y ha señalado que se trata de una renta igual a la que ya existe en el País Vasco (renta de garantía de ingresos) con lo que podría solaparse e incluso invadir competencias.

Jordi Salvador, de ERC ha destacado que centenares de miles de personas "que no tienen prácticamente nada" dependen de esta ley y ha lamentado que indicadores necesarios para otorgar ayudas, como el IPREM siga congelado durante más de siete años, lo que provoca más pobreza y menos protección social.

También el diputado de Compromís Joan Baldoví ha señalado que en una verdadera democracia "nadie puede quedar atrás" y ha instado a que el Gobierno rescate a las personas.

El diputado de UPN Jesús Alli ha afirmado que la prestación debe estar vinculada a que el receptor trabaje en la comunidad autónoma donde la recibe, mientras que la diputada de CC Ana Oramas ha dicho que la financiación que debe ser de las CCAA.