El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha explicado este miércoles en el Congreso que dadas las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social, lo más probable es que los próximos cinco años las pensiones sólo se revaloricen el 0,25% mínimo obligatorio según la ley, con lo que a lo largo de la década los pensionistas perderán hasta siete puntos de capacidad de compra.

"Entre 2013 y 2016 las pensiones no han perdido poder adquisitivo, eso no es discutible. Pero a partir de ahora sí lo van a perder si no se toman medidas", ha insistido en su exposición en la Comisión del Pacto de Toledo, aludiendo al cambio en la evolución de la inflación, que ha pasado del 0% a tasas positivas en los últimos meses.

Una situación que sólo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social —vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto— un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.

Sin embargo, el dirigente de la AIReF ha eludido pronunciarse sobre qué medidas serían más convenientes —más allá de reclamar equilibrio financiero en la Seguridad Social—, ya que ninguna propuesta es "neutral desde el punto de vista redistributivo", por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones "más informadas".

"Cuentas nocionales, emitir deuda pública, financiar la Seguridad Social vía impuestos... Todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas. Los impactos redistributivos, sobre el déficit o sobre la actividad económica que podrían tener requieren de instrumentos de análisis que no están disponibles. Y cualquier medida debe ser evaluada de forma más precisa y rigurosa que hasta ahora", ha reclamado.

Escriva ha afirmado además que las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 por el PSOE —por la que se retrasó la edad de jubilación— y en 2013 por el PP —desvinculándolas del IPC— evitarán un aumento del gasto de 5 puntos del PIB en el año 2050.  Sin embargo, el efecto de estas reformas también supondrá que las pensiones iniciales de los jubilados se estabilicen, de modo que en 2030 sigan en niveles de 2013, y que el porcentaje de pensión sobre salario sea unos diez puntos inferior al que se calculaba antes de los cambios legislativos.

Pese a ello, los "excesivamente pesimistas" escenarios de población y tasa de ocupación que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) implicarían un aumento entre 2016 y 2050 de ocho puntos del gasto en pensiones sobre PIB. Tras descontar el efecto de las reformas, este porcentaje pasaría del 11% actual al 14,3%.

No obstante, Escrivá ve poco probable que el país se conforme con perder población y masa laboral año tras año sin hacer nada durante las próximas décadas, y considera más plausible un escenario alternativo en el que la población crezca un 0,5% medio --como ha sucedido durante las últimas cuatro décadas-- y la tasa de ocupación llegue al 75% --la que tiene actualmente Alemania--, lo que permitiría mantener el porcentaje estable en el 11%.

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Manuel Lagares, ha propuesto por su parte en la Comisión reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores —y que actualmente superan el 30%— e incrementar los tipos de IVA normal y reducido entre dos y cuatro puntos para financiar el sistema de pensiones.

Según sus cálculos, el gasto público en pensiones podría copar el 50% del total de gasto público en apenas un par de décadas, por lo que la sociedad se enfrenta a la disyuntiva de "o reducir las pensiones o reducir el resto de gastos", es decir, partidas como las de sanidad o la educación.

"Eso si no cambiamos la financiación de las pensiones. Y no vale decir que con el pleno empleo se resolverá todo, porque incluso con eso seguiremos teniendo problemas serios de déficit en la Seguridad Social por la evolución de la demografía", ha apostillado a renglón seguido, matizando que "las pensiones hay que pagarlas" pero "sin arrasar con el resto de gastos que también son necesarios".