El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha conformado la tercera pieza separada sobre la trama Púnica, relacionada en Murcia y con 22 encausados, entre ellos el exconsejero de Educación y actual presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez (PP), y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro.

Al primero le atribuye la presunta comisión de tres delitos: fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La supuesta actividad criminal del presidente murciano, según Velasco, pasaría por la concertación con empresas de Alejandro de Pedro (conseguidor de la Púnica) para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación. El objetivo sería realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en internet y redes sociales para reformar la imagen de Sánchez de cara a su postulación como presidente de Murcia.

Sánchez ha dicho en rueda de prensa que "no se puede demostrar lo que nunca existió". La documentación oficial, apunta, acredita que "nunca se firmó, ni se acordó, ni se pactó, ni se pagó, ni se aceptó presupuesto" y, al mismo tiempo, "nunca se pidió una oferta, ni a esta empresa ni a cualquier otra". Ha reconocido que "recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial", pero ha reiterado que "no se hizo nada".

El presidente murciano ha manifestado que en documento del juez se habla "de que pudo acordarse un contrato de en torno a 30.000 euros" cuando él era consejero para hacer unos supuestos trabajos de reputación "online" y, según ha insistido, "no hay nada de eso".

En esos términos se ha manifestado también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha recalcado que el contrato "no existe" y ha señalado que Sánchez "ha sido sujeto pasivo de 16 querellas planteadas todas por grupos políticos" y hasta ahora "todas han sido archivadas".

Sánchez gobierna en minoría con el apoyo de Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, ha dicho que si el Tribunal Superior de Justicia le "imputara", espera que cumpla con el pacto que suscribieron para la investidura y "dimita para no poner en riesgo la estabilidad en la región"

En el caso de la también exalcaldesa de Cartagena, Velasco le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos.

Asimismo, según el juez, presuntamente se sufragaron con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Barreiro ha defendido su inocencia y ha dicho a Efe que su actuación en los contratos fue "intachable" y "siempre bajo la legalidad". "Espero que me llamen del Supremo, que declaro voluntariamente", ha afirmado, y se ha quejado de la "justicia paralela" que existe en España y de las veces que ha sido sometida a juicio y condenada "a la pena de telediario".

El juez apunta que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región de Murcia (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Murcia) debe recabarse por el conducto oficial "su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada".

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha pedido en un informe al juez que eleve una exposición razonada solo al Supremo, es decir, solo en el caso de Barreiro para que esta sea investigada; sin embargo, se muestra en contra de que esto mismo se haga con Sánchez.

Cree que la línea entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal "es ciertamente tenue" y entiende que la participación de Barreiro en los hechos "aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados".

"Distinta valoración merece la conducta del otro aforado", dice Anticorrupción, "por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad" y que, en consecuencia, no hubo "perjudicio a las arcas públicas".