El concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, ha avanzado que el Ayuntamiento negociará un convenio puente con empresas eléctricas en paralelo al proceso del contrato eléctrico municipal por si el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público no levanta las medidas cautelares con el tiempo suficiente para poder adjudicar el servicio antes de que venza el actual contrato el 25 de marzo.

Ha destacado en rueda de prensa que el Ayuntamiento presentará este jueves alegaciones a las medidas cautelares, y ha exigido que el asunto se "resuelva con la máxima celeridad posible", ya que calculan que podrán seguir el proceso y realizar la subasta -inicialmente prevista para este viernes- si se levantan estas medidas cautelares en menos de 15 días.

"Si el plazo se fuera alargando, iniciaremos un convenio negociado con todas las empresas del sector", ha destacado Badia, que ha detallado que el contrato actual no puede volver a prorrogarse y que este convenio puente prestaría el servicio mientras no se adjudicara el nuevo contrato.

Preguntado por si el tribunal determinara que el contrato no reúne las condiciones para seguir adelante, ha dicho que iniciarían una nueva licitación enmendando los matices pero incorporando igualmente la la Ley 24/2015, y ha advertido: "Llegaremos hasta el final de todo el proceso para defender un pliegue que es perfectamente legal y que responde al interés general de toda la ciudad".

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, dependiente de la Generalitat, aceptó este miércoles las medidas cautelares presentadas por Endesa ante el contrato eléctrico municipal de Barcelona, de 65 millones de euros en tres lotes, a los que no presentaron oferta ni Endesa ni Gas Natural Fenosa -que presentó recurso, pero no solicitó cautelares-, aunque sí concurrieron pequeñas y medianas empresas.

Badia ha asegurado que el servicio está garantizado y que el procedimiento no provocará sobrecostes, y ha destacado: "Estamos tranquilos porque creemos que hemos hecho lo que tocaba.

No estamos solos, vamos de la mano con administraciones de este país en la defensa ineludible de la lucha contra la pobreza energética".

Ha defendido que los pliegues del contrato no suponen una discriminación para las empresas, y ha aseverado sobre Gas Natural Fenosa y Endesa: "No es que no se hayan podido presentar, es que no han querido. Es legítimo que no quieran", pero también lo es que el Ayuntamiento pretenda hacer cumplir con la ley 24/2015 para combatir la pobreza energética, según él.

"Tampoco queremos compañías que no tengan esta sensibilidad y este compromiso para dar una respuesta a un asunto tan importante", ha sentenciado Badia, quien ha resaltado que este contrato es el que ha logrado una mayor competencia en este ámbito -se han presentado seis empresas-, lo que demuestra que es fruto de un buen trabajo y su calidad, según él.

Ha sostenido que "el pliegue de condiciones no incorpora nada que no esté en la legislación catalana", por lo que considera que lo que se está poniendo en duda es la Ley 24/2015, que ha recordado que partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con un gran consenso social y político.

Ha recibido llamadas de municipios asegurando que querían incorporar medidas similares en sus contratos y ha abordado el asunto con el conseller de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget; con el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y el secretario general de la Federació de Municipis de Catalunya, Juan Ignacio Soto, quienes han mostrado al Ayuntamiento la voluntad de trabajar conjuntamente contra la pobreza energética, según Badia.

Asegura que Endesa y Gas Natural Fenosa presentaron oferta a un contrato de la ACM que también incorporaba la obligación de cumplir con la Ley 24/2015, por lo que el de Barcelona "no es un pliegue tan extraordinario", según Badia, que ha detallado que el de la ACM citaba la legislación de forma genérica, mientras que el de Barcelona incorporaba párrafos calcados de la Ley 24/2015.

Ha explicado que el contrato especifica que se debe firman un convenio sobre pobreza energética en seis meses porque no tenía sentido ofrecer un plazo superior a la duración del contrato -de un año prorrogable a dos-, y ha resaltado que este convenio se debería trabajar con las empresas para concretarlo, en base al presentado junto a la Generalitat.